La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el WSM (We social movements) organizaron este viernes 24 de julio el II seminario virtual Periodismo y protección social.
Participación las filiales de Iquitos, Nauta, Pucallpa, Aguaytía, Atalaya, Ucayali y Requena pertenecientes a la región IX de la ANP.
Destacó la presencia del presidente de la ANP, Doctor Roberto Mejía Alarcón, así como de la secretaria general de la institución, Zuliana Laines Otero.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Ricardo Montero, periodista y gerente de publicaciones del diario El Peruano y José Oña, abogado laboralista.
En su disertación, Ricardo Montero, llamó a tener cuidado con la información que se propala en estos tiempos de pandemia y crisis, y no está debidamente verificada.
Indicó que actualmente se requiere comunicadores multidisciplinarios con una visión global, que entiendan la composición de las audiencias, interpreten los datos y sean emprendedores.
“La multidisciplina nos va permitir explicar lo que está sucediendo en la sociedad”, señaló.
Sostuvo que hay que desterrar la idea de que un periodista es una isla y no puede trabajar con otros profesionales.
“Tenemos que comenzar a adaptarnos en un mundo en la que la convivencia global es básica”, destacó.
“Vamos a tener que trabajar con profesionales de otras disciplinas si es que queremos mantener nuestro espacio”, agregó Ricardo Montero.
Afirmó que los comunicadores tenemos que saber escuchar a economistas, abogados, sociólogos, con el fin de adaptar cada uno de los conocimientos de estas especialidades al desarrollo del periodismo.
Por su parte, el abogado José Oña explicó que hablar de protección social implica establecer quiénes la requieren y ”fundamentalmente en el contexto social son las personas que poseen menores recursos, los que están en condiciones de vulnerabilidad, aquellos que tienen que acudir a su fuerza de trabajo como fuente de supervivencia”.
Indicó que el Estado está obligado a responder a esos requerimientos, a esas necesidades y a esa protección social que necesita y que exige la mayor parte de la población.
José Oña recordó, además que la Constitución del Estado, como norma rectora de todas las relaciones de la sociedad, establece en su artículo primero, como fin supremo de la sociedad y del Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
Dijo que dentro de esa gama de responsabilidades está la de brindar a la población la protección social a fin de alcanzar tal objetivo.
