Durante el 2016 un comunicador social fue asesinado en la provincia de Camaná y uno sufrió carcelería en la provincia de Huaura. Un total de 114 atentados se cometieron contra los periodistas peruanos durante los doce meses del año.
El informe preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reveló que en promedio se atacó a un periodista casi cada tres días.
La agresión física y verbal encabezan los atentados con 38 casos. Le siguen la presión jurídica (27), así como la amenaza y hostigamiento (21). También han ocurrido 12 presiones administrativas, ocho trabas al acceso a la información, tres atentados contra la propiedad y tres robos.
En su mayoría, los atentados los cometieron funcionarios públicos (45), seguido por civiles (39); elementos no identificados (21) y policías/militares y/o serenos (9).
2016 fue un año especialmente peligroso para los periodistas por ser un año de elecciones generales. La cobertura de mítines o denuncias de actuaciones irregulares de determinados candidatos confrontó con la intolerancia de los propios militantes o familiares de los candidatos.
Este, además, ha sido un año en el que se ha multiplicado el número de querellas contra periodistas. Casos como los de Rafael León Rodríguez (Caretas), Fernando Valencia Osorio (ex Diario 16) en Lima, Renato Sandoval González (Correo) en Trujillo, Carol Villavicencio Lizárraga (Semanario El Huacón), en Huancayo, Julio Dante Ancalle Gutiérrez (Correo), Zenaida Condori Contreras (La República) y Nery Alemán (Independiente) en Arequipa o Milagros Rodríguez Pereyra (Diario Tumbes 21) en Tumbes, han sido de los más emblemáticos en el país y han develado que dicha figura legal es fundamentalmente un arma para silenciar las voces incómodas.
Lima, Arequipa y Huaraz con más agresiones a periodistas
Lima con 18 atentados, Arequipa 9 y Huaraz con 8 se convirtieron este año en las áreas de mayor peligro para ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Huaura con siete; Cusco, Huamanga y Maynas con cinco; y Abancay, Cajamarca, Chiclayo, Chota y la provincia de Santa con 7 respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Huancayo, Lambayeque, Paita, Piura, Trujillo y Alto Amazonas donde se cometieron tres atentados en cada una, de acuerdo con el informe de la OFIP.
Dos agresiones se han cometido en Barranca, Callao, Huaral, Huari, Tambopata y Yauli. Con un atentado contra el libre ejercicio periodístico se encuentran Andahuaylas, Camaná, Moyobamba, Parinacochas, Talara, Tayacata y Tumbes.
Un total de 51 periodistas de radio, 39 de prensa escrita, 21 de prensa televisiva y 3 de prensa digital resultaron agredidos este 2016.
De ese total, fueron blancos de atentados 73 hombres; 30 mujeres y 11 medios de comunicación.
Asesinato, prisión y denuncia por “traición a la patria”
El caso de mayor gravedad se registró el 20 de noviembre en la provincia de Camaná. El comunicador social Hernán Choquepata Ordóñez fue asesinado en la cabina de transmisión de radio La Ribereña en instantes en que conducía su programa “Habla el pueblo”, en el que daba la palabra a ciudadanos descontentos que exponían quejas y denuncias sobre la acción de políticos de la provincia.
Una semana antes de su asesinato el comunicador social había criticado con dureza en su programa a los alcaldes de Camaná y Mariscal Cáceres. Hasta hoy el crimen continúa en la impunidad. El Ministerio del Interior ha incluido este caso en el Programa de Recompensas y ofrece hasta 20 mil soles a quien brinde información relevante sobre el paradero de los culpables de este asesinato.
Durante el año, en setiembre, un periodista sufrió carcelería en la provincia de Huaura. Ronald Daniel Ormeño Gonzales fue detenido y trasladado al establecimiento penitenciario de Carquín, al no haber cumplido con el pago de la reparación civil fijada en primera instancia en un proceso por difamación en su contra.
Ormeño Gonzales y José Jesús Pacora Vera, director y responsable de la Unidad de Investigación del semanario Prensa al Día fueron querellados por la abogada Mirtha Nancy Toledo Morales, por una investigación en la que cuestionaron la formación universitaria de dicha abogada y revelaron los problemas legales que afronta la Universidad Uladech.
En junio, uno de los casos que movilizó al colectivo periodístico en todo el país fue la denuncia contra la periodista Rosana Cueva, Karina Novoa y el equipo periodístico del programa dominical Panorama a quienes se les acusó por el presunto delito contra la seguridad nacional, traición a la patria y revelación de secretos nacionales.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Defensa luego de que el programa emitiera, el 17 de abril, un reportaje demostrando malos manejos del dinero destinado a la lucha contra el narcoterrorismo en la zona conocida como VRAEM, al sur del país.
En su momento la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en pronunciamiento público, consideró una aberración el querer camuflar como revelación de secretos de Estado la denuncia de actos de corrupción. Para la ANP los periodistas no cometieron delito alguno, toda vez que el reportaje no afectaba la seguridad nacional.