Con el titular Gremio periodístico de Perú ve con preocupación sentencias contra periodistas, la agencia Efe reproduce al mundo el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional de la ANP publicado este viernes.
“La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú manifestó hoy su «extrema preocupación» por las sentencias dictadas recientemente contra los periodistas Rafael León y Fernando Valencia por difamación”, resalta la nota periodística.
EFE recuerda que León fue conminado a mantener un comportamiento correcto por un año y a pagar 6.000 soles (1.800 dólares) a la exeditora general del diario El Comercio Martha Meier Miró Quesada por una columna de opinión, que fue considerada difamatoria por la jueza Susan Coronado, del 42 Juzgado Penal de Lima.
La ANP indicó en un comunicado que «es inaudito» que la magistrada estime que las críticas vertidas en una columna configuren delito de difamación y recordó que en el país no existe delito de opinión, señala.
.@ANP_periodistas: Fallos judiciales pretenden amordazar la crítica https://t.co/RtEnn4Zvun @IFJGlobal pic.twitter.com/j5VDl9ERPt
— Crónica Viva (@cronica_viva) May 6, 2016
«Esto con el agravante que someter al periodista a un régimen de conducta por un año, reservándose la lectura del fallo condenatorio, lo que constituye una amenaza velada para impedir que el sentenciado se refiera a la querellante o al proceso en sí», añade la ANP, publica la agencia internacional de noticias.
Valencia, por su parte, fue condenado a veinte meses de prisión suspendida (sin ingreso a prisión) y al pago de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) al expresidente Alan García por una portada del Diario 16, del que fue director.
La ANP – continúa EFE- también expresó su inquietud por la sentencia contra Valencia porque afirmó que, junto a la de León, «no hacen más que poner sobre la mesa una de las más serias amenazas que confrontan, con mayor intensidad desde hace dos décadas, la prensa independiente en provincias».
Subraya que la ANP destacó el caso de la periodista Esther Valenzuela, directora de radio Estación Wari y exdirectora del diario La Calle, en la región andina Ayacucho, del sur de Perú, quien en cinco años fue objeto de nueve querellas por difamación a raíz de sus denuncias periodísticas que involucraban a autoridades regionales.
Otro caso resaltado es el del periodista Paul Garay, condenado a 18 meses de prisión por una querella que entabló en su contra el fiscal provincial de Coronel Portillo, en la región amazónica de Ucayali, en el este del país.
La ANP – continúa EFE– también ve preocupante que el Congreso no contemple despenalizar los delitos relacionados con la actividad periodística y que, por el contrario, «existe una propuesta de elevar la pena por el delito de difamación a cinco años de prisión efectiva»
El gremio consideró que el uso de la sanción penal en este tipo de casos propicia «indefectiblemente un clima de autocensura» entre los periodistas peruanos, concluye EFE.