La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza la sentencia condenatoria contra la periodista Carol Villavicencio Lizárraga, editora del semanario El Huacón, en la provincia de Huancayo, región Junín.
La periodista fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 50 mil nuevos soles por la publicación de una nota titulada «Top 50: Los morosos de Huancayo«, donde, entre otros casos, revelaba que el congresista Casio Huaire Chuquichaico, en ese entonces presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, mantenía una deuda con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Para la ANP el juez Efraín Solís Aliaga, del Primer Juzgado Unipersonal de Junín, en su sentencia no ha considerado la condición de funcionario público del querellante ni el hecho de que la periodista, en estricto cumplimiento de su quehacer informativo, reprodujo información documentaria del SAT que acreditaba la deuda de tributos. Al momento de difundirse la nota -1 de junio del 2015- el congresista mantenía dicho adeudo por lo que es insólito que el juez señale que existe difamación.
Esta nueva sentencia contra una periodista revela un sistemático acoso judicial contra la prensa independiente. Las querellas siguen siendo utilizadas para infundir miedo. La permanente amenaza de cárcel se convierte en una mordaza que ataca frontalmente el derecho a la información de la colectividad.
La ANP hace un llamado a los jueces de la Corte Superior de Junín a corregir, en segunda instancia, una sentencia que no tiene basamento jurídico, invoca a que se respete el rol fiscalizador de la prensa y demanda a los periodistas a mantenerse movilizados solidariamente hasta que el acoso judicial a la periodista Carol Villavicencio Lizárraga cese.
La sentencia contra la periodista Carol Villavicencio Lizárraga se suma a los casos de querellas contra periodistas denunciados en los últimos días en Iquitos y Parinacochas. Para la ANP el problema de fondo está en el espíritu legal de la calumnia, injuria y difamación, figuras penales que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico.
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