Los intentos de amedrentamiento mediante solicitudes ilegales de revelar fuentes periodísticas han sido rechazados por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
“𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐇𝐢𝐥𝐝𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐬 𝐓𝐫𝐞𝐜𝐞, 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐞𝐧𝐨 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, 𝐡𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞́𝐬 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞. 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐨 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥”, manifiesta el gremio de los trabajadores de la prensa.
“𝐋𝐚 𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬𝐮 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐮́𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 –se lee también en el comunicado-. Esto evidencia no solo un desconocimiento de un derecho constitucional fundamental, sino también una clara intención de hostigar a los profesionales de la comunicación en su labor informativa”.
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César Hildebrandt ha denunciado que la Policía Nacional le envió cartas intimidatorias para que revele los datos personales, números de teléfono y dirección de vivienda de personas de las que recibió información para la elaboración de denuncias periodísticas publicadas. El periodista precisó que el 4 de octubre la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP) le exigió “informar quién fue la persona que facilitó la documentación para realizar la nota periodística titulada Fábrica de Estiércol, en la que se da cuenta de una posible organización delictiva dedicada a producir conversaciones falsas vía WhatsApp entre el denunciante José Domingo Pérez con Rafael Vela, Víctor Zúñiga, Karla Zecenarro y otros”.
La respuesta de Hildebrandt, expresada en su podcast, fue contundente. “¿Qué les pasa a estos? ¿Con quién creen que están hablando? ¿A quién creen que están tratando? ¿A un bisoño? ¿A un becario? ¿Un asustadizo? ¿Quiere que le revele mis fuentes? ¿Que les entregue bajo la intimidación documentación que es parte de nuestro trabajo periodístico, de nuestro dignísimo y para ustedes desagradable trabajo periodístico? Por supuesto que no les voy a entregar nada y asuman ustedes lo que asuman. Lancen ustedes las amenazas que quieran y nos vemos en el juzgado si así lo quieren. No acepto esto. Yo no estudié para pobre diablo, no hice maestría de idiota y, por lo tanto, a mí no me van a dirigir esto. Ni a mí ni al semanario”, protestó.
Otro caso de amenaza de presionar a la prensa para que revele sus fuentes lo ha protagonizado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ha exigido que se sancione al fiscal que supuestamente filtró la carpeta fiscal donde se consigna todo lo que se va recogiendo en la investigación de la denuncia según la cual él ha incurrido en contrataciones irregulares en el Estado.
“Nosotros no somos el Gobierno del señor Castillo –dijo Otárola a pesar de que la hoy presidenta Dina Boluarte fue vicepresidenta del profesor e integrante permanente de su gabinete- y siempre estamos dispuestos al escrutinio público y a dar la cara por transparencia frente a la prensa, y reafirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Podrán encontrar seguramente algunas omisiones, quizá algunos excesos de algunos funcionarios públicos, pero no existe ningún acto de corrupción en el gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a algunos medios de comunicación por algún fiscal cuya sanción exijo, pues la investigación debe ser reservada. Las reglas tienen que ser claras para todos, para los investigados, para quienes dirigen la investigación fiscal y también, por supuesto, para los periodistas. Todo esto va configurando un escenario peligroso”.
(JA)
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