La desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica de la Procuraduría General del Estado, PGE dispuesta por Javier Pacheco Palacios, el procurador interino colocado por el gobierno de Dina Boluarte, debilita a la institución y afecta su integridad, advirtió el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.
Como se sabe, el viernes 22 de diciembre la gerente general de la PGE resolvió, a petición de Pacheco Palacios, la desactivación de la Unidad Funcional de Articulación Territorial y de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios. Esta última tiene 89 carpetas de investigación que incluyen a la presidenta Dina Boluarte, al jefe del gabinete Alberto Otárola, y a más de 70 congresistas.
Respecto a estos cambios, el procurador encargado los justificó diciendo que resultan necesarios para “centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos» con el fin de optimizar recursos y esfuerzos. Asimismo, señaló que es facultad del propio procurador general denunciar a altos funcionarios.
Maldonado consideró como un hecho altamente pernicioso la desactivación de las referidas unidades de la PGE, lo cual -según dijo- debilita a la propia entidad.
«Lo que está ocurriendo es muy grave –advirtió el exprocurador-. La PGE había sido un avance importante en la reconstrucción institucional de la defensa jurídica del Estado, se había creado un sistema que también venía siendo objeto de ataque. Recuerdo que el Congreso dio una norma (con) la cual se fragmentaron las procuradurías que antes eran dependientes de la PGE, y volvieron a los organismos constitucionalmente autónomos a las que pertenecían. En este caso, se trata de una decisión interna de la PGE que la debilita, que ataca a su integridad, que no tiene fundamentos técnicos. Esta unidad tiene bajo su competencia la investigación de 90 casos que incluyen a 100 altos funcionarios del Estado«.
Además, según Maldonado, esta decisión solo va a traer «impunidad» en casos emblemáticos, y que se pierda fuerza en procesos que venía desarrollando el Ministerio Público.
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— Procuraduría General del Estado – Perú (@PGE_Peru) December 23, 2023
«En la investigación de las graves violaciones de derechos humanos, el entonces procurador del Estado, Daniel Soria, tuvo que luchar incesantemente para que la PGE pudiere participar en las diligencias que se llevaban a cabo en el despacho de la fiscalía de la Nación, que consistían en la recepción de las declaraciones de la presidenta de la República. Esta solicitud fue rechazada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el procurador Soria la apeló, y el Poder Judicial le dio la razón. Cuando hay un procurador realmente independiente, incomoda muchísimo al poder político», resaltó.
Consultado sobre si considera que la designación de Pacheco por parte de Dina Boluarte fue adrede para que desactive las referidas unidades funcionales, Maldonado indicó que no lo descartaría. «Es altamente probable que así haya ocurrido. La respuesta la tiene que dar el Gobierno que tiene un deber de transparencia con la ciudadanía. Recordemos que esto también pasó con el propio Soria durante el Gobierno de Castillo, y con Merino», anotó.
Con información de RPP
(JA)
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