En la sesión de este miércoles, el Pleno del Congreso aprobó los informes finales que la comisión de Fiscalización realizó respecto a las denuncias sobre presuntas irregularidades lanzadas contra exgobernadores regionales de Arequipa, Loreto y Tumbes, disponiendo el traslado de lo investigado al Ministerio Público.
Gustavo Rondón, presidente del referido grupo legislativo fue el encargado de sustentar las conclusiones y recomendaciones sobre cada caso. El primero fue el referido a la sobrevaluación de diversas obras regionales encomendadas por las autoridades arequipeñas.
[#ATENCIÓN] Pleno aprobó informe final sobre presuntas irregularidades en construcción del puente Chilina #Arequipa pic.twitter.com/vMztzBjjmw
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 15, 2016
Caso Arequipa
Al respecto, Rondón indicó que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la construcció0n de la carretera Arequipa – La Joya y el Puente Chilina, dio cuenta de la existencia de una “organización con fines criminales”, enquistada en el mismo gobierno regional que entonces encabezaba Juan Manuel Guillén, autoridad que -dijo- “firmaba los cheques” a través de los cuales se habrían hecho desembolsos no regulares.
Caso Loreto
En cuanto a las denuncias contra la gestión de Iván Vásquez en el gobierno regional de Loreto, Rondón indicó que estas representaban para el erario nacional pérdidas de aproximadamente 27 millones de dólares.
Recogiendo recomendaciones lanzadas durante el debate del informe, el legislador indicó que para evitar que malos representantes judiciales loretanas eximan de responsabilidades a quienes hayan incurridos en estos supuestos ilícitos, se recomendará que la investigación en esta región se encargue a la Fiscalía Supranacional de Funcionarios.
Caso Tumbes
El pleno del Congreso también escuchó los argumentos incluidos en el informe final sobre las denuncias contra Gerardo Viñas, expresidente regional de Tumbes, quien recientemente fue capturado por la Policía en Ecuador, tras haber permanecido prófugo de la justicia.
En el documento se determinó que los actos supuestamente ilícitos del exfuncionario representaron un prejuicio del orden de los 56 millones de soles para el gobierno regional.
El informe dispone remitir al Ministerio Público lo referido a la suspensión de ocho obras que inexplicablemente fueron paralizadas; valorizadas en conjunto en más de 40 millones de soles, así como el supuesto desvío de fondos proveniente del canon y sobrecanon,