BUENOS AIRES (Argentina).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles un proyecto de Ley de financiación política, que ya contaba con el aval del Senado y que admite que las empresas aporten fondos a las campañas electorales y obliga a que las donaciones sean mediante trasferencias bancarias.
El proyecto, que fue impulsado por el oficialista frente Cambiemos, fue aprobado con 148 votos a favor y 69 en contra y modifica la actual Ley de financiación de los partidos y el Código Electoral Nacional.
Los cambios incluyen la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas.
«Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas», expresó el diputado Pablo Tonelli, miembro de Propuesta Republicana (PRO, partido de Mauricio Macri).
Según añadió, se trata de «un gran paso para aumentar las obligaciones de los partidos políticos e incrementar las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral».
Con esta iniciativa, las empresas podrán donar a las campañas electorales, aunque nunca un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña, el mismo que se permite para los aportes personales.
Hasta ahora, la ley permitía que los partidos obtuvieran sus recursos mediante la financiación pública, a través principalmente de un fondo partidario permanente, con un 20% igual para todos los partidos y un 80% de forma proporcional al número de votos en las últimas elecciones.
También se establecía la opción de financiación privada pero muy acotada, de parte de afiliados y donaciones de personas o empresas.
La también oficialista Silvia Lospennato remarcó que el principal fin de la ley es «hacer una contribución a la transparencia», y agregó que la bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las «modificaciones clave» que introdujo el Senado cuando trató y aprobó el proyecto.
«La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley», aseveró.
Por su parte, la diputada opositora del peronismo Emilia Soria reconoció que esta es una de las iniciativas «más trascendentales» que ha tratado la Cámara, aunque se mostró en contra del proyecto al señalar que «quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad».
«Implica un fuerte retroceso en la participación del Estado, hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio», remarcó el jefe de bloque del kirchnerista Frente para la Victoria, Agustín Rossi
«No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo», afirmó Rossi.
El peronista Felipe Solá tampoco apoyó el proyecto al considerar que la financiación de la política debe estar solo a cargo del Estado.
«Es una ley de autoamnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios», criticó Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda.
El proyecto establece otras modificaciones en relación a las campañas.
Por ejemplo, el texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.
Además, en la publicidad se reducen del 10 al 5% del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales.
Las empresas encuestadoras deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.
Destaca también la modificación en el destino del fondo partidario permanente, ya que se agrega el porcentaje del 30% destinado a la «formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido».
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