BUENOS AIRES.- En un fallo sin precedentes históricos , la justicia condenó a los exdirectivos de Ford Argentina, Pedro Müller y Héctor Sibilla por complicidad con los militares en el secuestro y tortura de 24 obreros de la compañía en 1976
Se trata de la primera sentencia contra cargos de una multinacional radicada en Argentina y la más relevante contra civiles que dieron su apoyo al régimen, que se dictó después de un año de proceso oral.
La investigación se limitó a determinar la responsabilidad penal de los ejecutivos, sin involucrar a la empresa.
«Ha sido el primer juicio en democracia que da por probado en forma indudable que la empresa Ford participó con la dictadura en crímenes de lesa humanidad. Dos gerentes fueron condenados. Es una conquista histórica en Argentina que confirma que fue una dictadura cívico-militar», declaró a EL PAÍS uno de los abogados querellantes, Tomás Ojea Quintana.
Los jueces del tribunal encontraron probado que Sibilla y Müller participaron activamente en un plan represivo de la dictadura destinado a controlar a los delegados gremiales de las grandes empresas. Según el relato de las víctimas, los condenados marcaban a los empleados más revoltosos, que luego eran secuestrados y torturados en un gimnasio en el interior de la planta que Ford aún hoy tiene en Pacheco, a las afueras de Buenos Aires.
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En total fueron 24 los gremialistas secuestrados «en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes», dice Ojea Quintana.
«La empresa los despidió con un telegrama alegando que no se presentaban», agrega. Carlos Propato, que era primer oficial de pintura y activista sindical y secuestrado el 13 de abril de 1976. A patadas y golpes lo tiraron por la escalera, lo maniataron con un alambre y lo arrojaron en el baúl de una camioneta, en la que había otros cuatro compañeros.
Los cinco fueron trasladados hasta el salón de deportes de la empresa, donde fueron torturados «más de 11 horas», según su testimonio. El grupo fue trasladado luego a cárceles comunes de la provincia de Buenos Aires.(ECHA- Agencias)