BUENOS AIRES.- El Gobierno de la provincia argentina de Jujuy (norte), del oficialista frente Cambiemos, presentó hoy una nueva denuncia contra la diputada kirchnerista del Parlasur y dirigente social Milagro Sala por supuesta «asociación ilícita» con el fin de apropiarse de fondos estatales.
La denuncia, difundida por medios locales, sostiene que Sala, quien actualmente se encuentra detenida a raíz de una acampada de protesta, encabeza una «asociación ilícita, cuyo fin es la comisión de delitos, entre ellos el fraude a la administración pública».
El Gobierno de Gerardo Morales acusa a la organización Tupac Amaru, liderada por Sala, y otras 13 cooperativas de haberse apropiado de 1.6 millones de pesos (casi 120,000 dólares) que iban a usarse para obras y no fueron ejecutadas.
La denuncia involucra a Sala, a los titulares de 13 cooperativas, al expresidente del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Lucio Abregú, y al exvocal social del organismo, Pablo Tolosa.
Se trata de la tercera presentación judicial realizada en las últimas semanas por el Gobierno de Jujuy contra la parlamentaria del kirchnerista Frente para la Victoria, que convocó a una acampada frente a la sede del Ejecutivo provincial que ya ha cumplido cinco semanas.
Sala estuvo al frente de la acampada hasta el sábado, cuando fue detenida por orden judicial, acusada por el Gobierno de Morales de «instigación a cometer delitos y tumultos».
La polémica local se ha agravado por el cruce de acusaciones entre oficialistas y kirchneristas.
Un grupo de parlamentarios de la Unión Cívica Radical, integrada en el frente Cambiemos, expresó hoy su «total respaldo» a Morales en su tarea de «restaurar el orden institucional en la provincia».
«El desafío de Jujuy es terminar con el clientelismo y, para ello, hay que desbaratar a las organizaciones que con actitudes mafiosas han tomado de rehenes a miles de ciudadanos haciendo uso de millonarios recursos del Estado», dijo el senador radical Luis Naidenoff al expresar su apoyo a Morales.
El Frente para la Victoria (FPV) y la izquierda se movilizaron ayer a la Plaza de Mayo porteña para exigir la puesta en libertad de la diputada, a la que consideran «una presa política».