BUENOS AIRES (Argentina).- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y sus abogados defensores en Argentina instaron este jueves en Buenos Aires a que a partir del 23 de enero, cuando culminen los mandatos constitucionales vigentes, asuma el poder el presidente del Tribunal Supremo boliviano tal como dispone la cadena de sucesión.
Morales presentó en una conferencia de prensa en un céntrico hotel porteño a los abogados constitucionalistas Eugenio Zaffaroni y Gustavo Ferreyra como sus defensores y asesores en materia judicial en Argentina ante las órdenes de detención por los supuestos delitos de terrorismo y sedición libradas por fiscales en Bolivia.
Los abogados confirmaron que a Argentina no ingresó ningún pedido de extradición de Morales ni está vigente ninguna orden de detención en Interpol, según les informó el exjuez español Baltasar Garzón, quien integra el equipo internacional de juristas que asesora al expresidente boliviano.
«Además, el delito de sedición es objetivamente político y por delito político no se puede pedir la extradición de nadie, según dice el tratado de extradición que firmamos con Bolivia el año 2013. Y según las normas internacionales en materia de extradición: por delitos políticos no se extradita», subrayó Zaffaroni.
Por su parte, el exmandatario denunció «una persecución exagerada» y agradeció «la defensa contra la injusticia». «Nunca van a encontrar que Evo es corrupto», aseguró el político.
.
Evo reitera que aún es el presidente constitucional
La defensa argentina sostuvo que Morales continúa como «presidente constitucional» de Bolivia porque «la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha aceptado ni rechazado aún su renuncia» y aseveró que el país andino «no es un Estado constitucional».
«Ignoramos hasta el momento si realmente la autoridad de facto en Bolivia domina totalmente el aparato de la Administración y el aparato del territorio, nos atrevemos a decir que es un Estado de pura fuerza, aún en la hipótesis de que queda flotando la duda de si ejercen el dominio en todo el territorio», señaló Ferreyra, profesor universitario de derecho constitucional.
El expresidente de Bolivia Evo Morales (c) junto a Eugenio Raúl Zaffaroni (d), Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante una rueda de prensa, este jueves, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
.
Tribunal Supremo en la cadena de sucesión presidencial
Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisó además que los mandatos de Morales y de la Asamblea Legislativa Plurinacional culminarán en la noche del 22 de enero, cuando vence el periodo constitucional por el que fueron elegidos en las urnas, y en un «Estado de no derecho».
«¿Cómo se sale de una situación en que no existe ni Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo? Quedan los tribunales y por ende lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia: que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo y que de esa manera convoque a elecciones y se normalice esta situación», propuso Zaffaroni, sentado junto a Morales y Ferreyra.
.
Advierten que Áñez viola reglas diplomáticas internacionales
Luego de que Morales condenara el martes pasado «enérgicamente» la decisión del Gobierno interino de Bolivia de expulsar a diplomáticos mexicanos y españoles, sus abogados defensores advirtieron este jueves que esa decisión rompía las reglas internacionales.
El Gobierno interino de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a otros funcionarios y les dio 72 horas para abandonar el país.
El Ejecutivo de Jeanine Áñez los acusó de haber dañado la soberanía boliviana por la visita de los diplomáticos españoles acompañados de individuos «encapuchados» y «presumiblemente armados» a Mercado en su residencia en La Paz el pasado viernes.
En la residencia mexicana se encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de exfuncionarios de la Administración de Evo Morales, varios de ellos acusados por el Gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.
Zaffaroni aseguró que «esto no tiene precedentes» porque «la violación de normas elementalísimas del derecho de gentes como la inmunidad diplomática de las sedes diplomáticas es un punto de inflexión».
«Afectaron la inmunidad de misiones diplomáticas, controlaron misiones diplomáticas con drones. Ahí creo que se salieron del sistema planetario, se saltaron la barda. Hasta ahora todo podía discutirse pero ahí se están violando las normas básicas de convivencia entre Estados», alertó el experto constitucionalista.
El juez de la CIDH consideró que la situación en Bolivia «es sumamente peligrosa» para todas las democracias latinoamericanas: «No sea que al apoyar un Estado de no derecho de esta naturaleza estemos serruchando la rama en que estamos sentados».
.
Morales apuesta a presión internacional
«La cuestión es ver si la presión de la comunidad internacional llama a la cordura en Bolivia, no sé si a través de órganos sino más bien a través de una gestión diplomática, para poner un mínimo de racionalidad para resolver esto», sugirió Zaffaroni.
El equipo defensor de Morales evalúa llevar el caso a organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque si también se llegara a la Corte Interamericana, Zaffaroni anticipó que él deberá excusarse por incompatibilidad con su cargo oficial en el órgano continental.
⊕