BUENOS AIRES/Argentina.- La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, presentó hoy al presidente, Mauricio Macri, su renuncia al cargo con efectos al próximo 31 de diciembre.
«Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal», expresó en una carta la procuradora, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Macri, que la considera militante del kirchnerismo.
Esta situación se da después de que el pasado 12 de octubre un juez decidiera procesar a Gils Carbó -en el cargo desde el 2012, cuando fue nombrada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y avalada por el Congreso- por presunta «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado por la compra de un inmueble por parte del Ministerio Público el 2013.
En una misiva dirigida al jefe de Estado y difundida por la página web oficial de la Procuración General de la Nación, la jefa de los fiscales remarca que «a esta altura de los acontecimientos» está «persuadida» de que su permanencia en el cargo «redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal».
«He trabajado incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia», destacó hoy Gils Carbó, que en una entrevista el pasado julio se definió como víctima de un «asedio» por parte de Ejecutivo macrista.
Para la fiscal general, «las mismas razones» que inspiraron su accionar «durante 20 años en la institución y más de 30 en el servicio de administración de justicia» motivan su «alejamiento» de una gestión en la que asegura haber «profundizado la transformación» del Ministerio Público Fiscal para ponerlo «a la altura de los tiempos».
«Y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal de justicia», concluye, antes de saludar «respetuosamente» al mandatario.
Tras conocerse la noticia, y en declaraciones al canal TN, el ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró que era algo que el gobierno «había pedido», por lo que valoró «el paso que ha dado la procuradora».
«Habilita el camino para avanzar en la línea de reformas que el presidente va a plantear, que tiene que ver con la construcción de coincidencias básicas, un consenso entre todos los argentinos para avanzar en la reforma de la justicia y tener un sistema de justicia que dé respuestas a la población, que sea cercano, ágil, confiable e independiente», añadió Garavano, que no dio detalles acerca de quién será el sustituto de la procuradora general.
Tras la asunción de Macri, en diciembre del 2015 y tras doce años de gobiernos kirchneristas, Gils Carbó mantuvo su cargo pese a la presión del oficialismo, que la acusaba de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a exaltos cargos del anterior Ejecutivo y dictaminar contra miembros del actual, pero no consiguió iniciar un juicio político contra ella.
No obstante, en julio la procuradora, al tiempo que defendió su labor y la independencia de los fiscales, advirtió que el jefe de Estado buscaba destituirla y auguró que pretendía hacerlo mediante un decreto, «al mejor estilo Nicolás Maduro», presidente de Venezuela.
Respecto a la causa judicial que la afecta, Gils Carbó reiteró en este tiempo que se intentaba «crear una sospecha de corrupción en ella» con el intento de justificar su eventual desplazamiento.
«Toda la administración de justicia sabe que soy una persona honesta», argumentó.
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