BUENOS AIRES/Argentina.- El fiscal federal Juan Pedro Zoni acusó este martes al presidente Mauricio Macri y a dos de sus funcionarios por el acuerdo que suscribió el Estado con el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario para cancelar una deuda.
El Ministerio Público señala en su comunicado que la acción fiscal tiene el fin de «verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores —funcionarios públicos o particulares— que intervinieron —de forma directa o indirecta— a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada».
Presidente Mauricio Macri y su padre, Franco Macri, involucrados en un acuerdo para una ilegal condonación de deudas del Servicio Postal
El Estado argentino aceptó en junio del 2016 una propuesta de pago de deuda realizada por Correo Argentino S.A., perteneciente al Grupo Macri —cuyo titular es el magnate Franco Macri— que administró al servicio postal desde los años 90 hasta su estatización a principios de este siglo.
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El convenio fue objetado la semana pasada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien dictaminó que supone un perjuicio para los fondos públicos aceptar una quita de deuda a favor del Correo Argentino S.A. por unos 4,000 millones de pesos (250 millones de dólares) en la actualidad y más de 70,000 millones (unos 4,370 millones de dólares) al 2033, cuando está previsto que el Grupo Macri termine de pagar la deuda con el Estado.
Además de Macri, el fiscal Zoni también imputó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.
Ahora corresponde a un juez federal dar curso o rechazar la investigación impulsada por el fiscal.
Si bien el acuerdo se firmó en junio pasado, éste se volvió público a partir de las objeciones de la fiscal del fuero comercial.
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Desde la oposición apuntaron que en este caso existe un evidente choque de intereses, ya que involucra a la familia del presidente. Dos dirigentes opositores, a su vez, presentaron una denuncia penal contra Macri por supuesta por defraudación contra la administración pública.
Horas antes de conocerse la imputación del fiscal Zoni, el ministro de Comunicación Oscar Aguad dijo en rueda de prensa: «jamás consulté este tema con el presidente porque él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde un familiar esté involucrado».
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Poco después de asumir, Macri transfirió sus bienes y acciones a un fondo fiduciario «ciego» que sería manejado por un administrador hasta el final de su mandato.
Sin embargo, ante el impacto negativo del acuerdo del Estado con la empresa de Franco Macri, el gobierno pidió el martes a la justicia que se pronuncie lo antes posible sobre el acuerdo y pretende dar intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano controlado por la oposición, para dar garantías de transparencia. (ECHA – Agencias)