BUENOS AIRES (Argentina).- El Tribunal Oral Federal de la provincia argentina de San Juan (noroeste) sienta desde este martes en el banquillo a 35 acusados de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar argentina (1976-1983).
Se trata del tercer «megajuicio» por delitos cometidos durante el régimen en ese distrito, en el que están imputados 20 exmilitares, 14 exintegrantes de la policía provincial y el exfiscal federal Juan Carlos Yanello.
Según informaron fuentes jurídicas, se prevé que se realicen entre una y dos audiencias cada quince días y que declaren alrededor de 400 testigos.
Se investigan los crímenes cometidos contra más de 150 personas, y aunque varios de los hechos ya fueron juzgados en procesos anteriores, en éste se pondrán sobre la mesa otros episodios que alcanzan a 15 nuevas víctimas.
Entre ellos, los de la causa conocida como «Fusilamientos», una serie de seis «ejecuciones extrajudiciales».
Los demás delitos que llegaron a esta instancia son privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, 22 desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual como violaciones y abusos.
En octubre del 2018, el mismo tribunal condenó a prisión perpetua a dos expolicías y nueve exmilitares, aplicó penas de 6 y 18 años de prisión para otros dos imputados, y absolvió a los tres restantes.
Esa «Megacausa II» unificó un conjunto de expedientes que tramitaron de forma separada en la etapa de instrucción, con un total de 205 víctimas y se centró en la investigación del terrorismo de Estado en la provincia de San Juan y el funcionamiento de centros clandestinos de detención y tortura.
Según organismos de derechos humanos, el terrorismo de Estado hizo desaparecer en Argentina a cerca de 30,000 personas, muchas de ellas drogadas y arrojadas vivos a las aguas del Río de la Plata, en lo que se conoció como los «vuelos de la muerte».
Tras el Juicio a las Juntas, que en 1985 condenó a los máximos jefes de la dictadura, los cientos de procesos que se abrieron para juzgar a los mandos inferiores fueron interrumpidos por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987.
Pero en el 2005, la Corte Suprema de Justicia, durante el Administración de Néstor Kirchner (2003-2007), declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y los juicios se retomaron.
https://www.facebook.com/carlos.j.ureta.7/videos/10219371208135045/?t=0
⊕