BUENOS AIRES.- Organizaciones de derechos humanos afirmaron hoy que el Gobierno argentino debe garantizar el apoyo para que una niña de 12 años con discapacidad severa pueda acudir al colegio y cumplir así las por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese sentido.
«El Estado no le provee de los apoyos necesarios, de manera regular, para que ella pueda acceder a la escuela», señaló en declaraciones con Efe la directora para el Cono Sur y Bolivia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Liliana Tojo, que junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) llevó el caso ante la CIDH en agosto del 2015.
Irene, quien reside en la central provincia de Córdoba, es una niña argentina de 12 años con una discapacidad neurológica provocada por un nacimiento prematuro que le genera una serie de dificultades motoras, visuales y auditivas pero no cognitivas.
Por ese motivo, necesita maestros que «refuercen» su actividad escolar y la «acompañen» de forma permanente en el colegio, un apoyo que el Estado lleva otorgando, según Tojo, de forma «intermitente» e «irregular» durante años, lo que «impide su desarrollo» formativo, le priva del espacio «más importante de socialización» y le provoca la «angustia» de no saber hasta cuándo va a contar con esa ayuda.
El pasado viernes la CIDH consideró «prima facie» (a primera vista) que Irene se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia» porque su vida, integridad personal y salud integral «están en riesgo», por lo que pidió a Argentina, en un documento al que tuvo acceso Efe, que concierte con la familia las medidas necesarias para garantizar la salud y la educación de la menor.
El Gobierno ahora tiene hasta el próximo lunes para informar a la Comisión de los avances realizados en ese sentido y comenzar a implementarlos.
Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos argentina, dependiente del Ministerio de Justicia, dijeron hoy a Efe que la resolución fue enviada a las autoridades de Córdoba porque son ellas las que deben solucionar el conflicto que se ha producido entre la familia y la obra social provincial, aunque el Estado controlará el proceso.
Para la abogada de Cejil, la medida cautelar refleja que existe un «riesgo grave inminente de violación de un derecho protegido por la ley internacional» como es el de la educación.
Además, «pone en evidencia» que el país no cuenta con políticas públicas que resuelvan la situación de las personas con discapacidad pese a que en el 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde el 2014 esta tenga rango constitucional.
Por ese motivo, los padres de Irene tuvieron que hacerse cargo de la ayuda pero ahora «se han endeudado» y no tienen la capacidad económica suficiente para lograr que pueda continuar asistiendo a clase.
Pese a que llevan reclamando desde el 2005, la justicia argentina «no respondió» y finalmente, con la intervención de Cejil, que trabaja en todo el continente americano, y la argentina REDI, en agosto de 2015 lograron llevar sus peticiones ante la CIDH.
Tojo denuncia que este hecho de tener que «peregrinar» por los tribunales ocurre en todas las familias en las que uno de sus integrantes tiene una discapacidad y se ven obligadas a pedir amparos que se «eternizan», lo que termina suponiendo un coste «económico y emocional» para ellas.