La abogada y activista Arlette Contreras, impulsora del movimiento feminista «Ni una menos» en Perú, demandará al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) «por violencia institucional, negación de acceso a la justicia y vulneración de la no revictimización».
Así lo anunció este martes a Agencia Efe su abogada, Cynthia Silva, tras conocer la última decisión de la Justicia peruana de admitir a trámite, por pedido de la defensa, la apelación a la condena de 11 años de prisión impuesta a Adriano Pozo, expareja y agresor de Contreras, por el delito de tentativa de feminicidio.
La condena a prisión efectiva contra Pozo llegó el 8 de julio pasado, en el tercer juicio y tras más de cuatro años desde la primera vez que Contreras lo denunció por agresión e intento de feminicidio, hechos que quedaron registrados en la cámara del vestíbulo de un hotel en la ciudad andina de Huamanga.
Las imágenes difundidas a nivel nacional de Contreras arrastrada de los pelos por Pozo desnudo para obligarla a regresar a la habitación causaron tanta conmoción e indignación en el país que la agraviada se convirtió en el rostro más emblemático para representar los altos índices de violencia machista que registra Perú.
La violencia perpetrada por Pozo, pese a estar reconocida en la condena, ha dejado en Contreras «una afectación grave y permanente», según su abogada.
«La Justicia estima que Arlette puede continuar con su vida porque tiene un título de abogada, cuando ella no está en esa capacidad, según su diagnóstico. Por todo ello se le denuncia al Estado, porque genera precedentes negativos para el tratamiento y abordaje de los cientos de miles de casos como este», apuntó Silva.
Asimismo, la letrada señaló como otro ataque a su defendida los intentos de la Justicia por dejarla «en indefensión, sin patrocinio jurídico», algo que aseguró «han hecho desde el inicio» con la anterior abogada que defendía a Contreras.
Silva afirmó que ahora padece la misma situación, pues aseguró que se le ha interpuesto una sanción por una presunta «dilatación» del proceso, al exigir que Contreras sea sometida a una prueba nueva sobre su diagnóstico y tratamiento, para que se determine la situación actual de su salud.
«Me han sancionado con una multa de 2.000 soles (unos 600 dólares), además de poner en conocimiento del Colegio de Abogados para que ellos abran un procedimiento. Yo no estoy a salvo. Esto puede implicar una sanción hasta de inhabilitación», aseveró.
Silva precisó que todo esta serie de acciones son muestras del «indebido actuar del Estado peruano», por lo que han tomado la decisión de que desistirán de continuar en el proceso nacional, porque «es probable que tal como está la línea jurisprudencial del Poder Judicial, esto lleve a un cuarto juicio».
Mientras la apelación continúe su curso, la Justicia peruana aclaró que la orden de captura de Pozo, quien se encuentra en la clandestinidad, se mantendrá, así como también su inclusión en la lista de los más buscados, con una recompensa de 30.000 soles (unos 9.000 dólares) ofrecida por el Ministerio del Interior a quien ofrezca información que ayude a su ubicación y captura. EFE
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