PRAGA/BRATISLAVA.- Eslovaquia, un pequeño país excomunista miembro de la UE desde 2004, vivió a comienzos de año momentos de máxima tensión política tras el asesinato a tiros de un joven periodista que había investigado supuestos lazos entre el poder y redes mafiosas.
Jan Kuciak, de 27 años, fue asesinado a sangre fría junto a su novia en febrero en su domicilio de Velka Maca, a 50 kilómetros de la capital, Bratislava, en un crimen que desató una ola ciudadana de repulsa e hizo caer al Gobierno del socialdemócrata Robert Fico.
Eslovaquia ya conocía casos de reporteros desaparecidos, como el del periodista de investigación Pavol Rypal, que desapareció hace diez años tras documentar los tentáculos de la mafia, mientras que desde 2015 no se sabe nada de Miroslav Pejko, un reportero del diario «Hospodárske noviny».
Pero el caso de Kuciak fue distinto, no sólo porque generó un clamor interno sino también debido a que numerosos organismos internacionales, como la UNESCO, la OSCE, el Parlamento Europeo, expertos independientes de la ONU, Reporteros sin Fronteras y otras federaciones de periodistas pidieron una investigación exhaustiva e imparcial.
Aquel fatídico día a finales de febrero, en casa de Kuciak estaba también su novia y comprometida Martina Kushnirova, una joven arqueóloga que también fue asesinada.
Negligencias, retrasos y hasta sospechas de connivencia con el crimen lastraron el inicio de la investigación, en la que Fico llegó a ofrecer, en un mensaje televisado, una recompensa de un millón de euros en efectivo por pistas que llevaran al asesino, en lo que parecía más bien la escena de una película de vaqueros.
Kuciak, que trabajaba para el diario digital «Aktualne.sk», hacía pesquisas sobre la mafia calabresa ‘Ndrangheta y sus extorsiones, tenencia ilícitas de armas, falsificación de facturas y abusos con fondos europeos en el sector agrícola en el este del país.
Al tirar de los hilos, en una labor a menudo solitaria, el reportero descubrió vínculos de la mafia con altas esferas del Gobierno, en concreto, de dos funcionarios cercanos al Fico relacionados con el italiano Antonio Vadala, supuesto miembro de la ‘Ndrangheta y uno de los primeros sospechosos del crimen.
La Fiscalía Especial, dedicada a la corrupción y crimen organizado, denunció entonces a varios altos responsables de seguridad del Estado por sabotear las investigaciones.
Esas incriminaciones aumentaron la tensión social y los decibelios en las calles, con la ciudadanía frustrada por no darse con el paradero de los criminales.
El país era testigo de protestas, a veces multitudinarias, con decenas de miles de personas, organizadas cada viernes por colectivos estudiantiles que pedían imparcialidad en la investigación y dimisiones de responsables políticos.
El presidente del país, Andrej Kiska, declaró que Eslovaquia sólo podría superar la crisis con un cambio de Gobierno o comicios anticipados.
Esa fue la puntilla que hizo caer al Ejecutivo de coalición de socialdemócratas, nacionalistas y la minoría húngara, con Fico al frente, quien acabó siendo sustituido por su correligionario Peter Pellegrini.
Pero el problema de fondo seguía latente. Con cuatro ministros de Interior en pocos meses, Eslovaquia se mostraba incapaz de generar confianza entre sus socios comunitarios y la ciudadanía de que la Justicia seguía la pista correcta.
Se produjo entonces la detención de Vadala, puesto luego en libertad para ser detenido una segunda vez, ahora con una euroorden de un juez de Venecia, debido a los cargos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por lo que fue extraditado.
Las continuas denuncias de inoperancia lanzadas desde la calle hicieron insostenible la situación del máximo cargo policial, Tibor Gaspar, y del ministro del Interior, Robert Kalinak, señalados por no haber atendido la solicitud de protección de Kuciak cuando éste se sintió amenazado.
No fue hasta siete meses después del doble asesinato cuando el caso parecía languidecer, la policía detuvo a ocho sospechosos, entre los que está supuestamente el autor material y sus cómplices.
Aún falta por conocer quién ordenó la muerte, y uno de los investigados es el mafioso local Marian Kocner, en el punto de mira de Kuciak por estar involucrado en traspasos de propiedad poco transparentes y que entró en prisión en junio por un delito de fraude con letras de cambio.
EFE/ Video Euronews