Las sanciones impuestas por la comisión permanente del Congreso de la República a un ex juez supremo y cuatro ex consejeros de justicia acusados de integrar una red corrupta, fueron duramente criticadas por insuficientes.
El parlamentario Marco Arana acusó a la mayoría de la comisión de felonía por haber impedido que el principal sancionado César Hinostroza, el cuestionado juez de la corte suprema, sea juzgado como cabecilla de una organización criminal y limitarse a imputarle delitos menores.
La citada instancia parlamentaria destituyó esta madrugada a Hinostroza, el principal miembro de la red que cobraba sobornos por sentencias indebidas e intercambiaba favores ilícitos, y lo inhabilitó por diez años para el ejercicio de funciones estatales.
Además, la comisión le imputó seis violaciones constitucionales y dispuso que se le juzgue por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Esas medidas fueron unánimes, pero la comisión, con los votos decisivos del mayoritario partido Fuerza Popular, rechazó acusarlo además por el delito de organización criminal, que amerita duras penas, e impuso su posición por 19 votos sobre nueve.
Para el legislador Gino Costa fue una «noche negra para la lucha contra la corrupción en el Perú» y acusó a Fuerza Popular y su aliado menor, el Apra, de frenar las investigaciones a la red corrupta y señaló que junto al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, blindan a los corruptos.
Hinostroza tenía contactos con figuras de los partidos Fuerza Popular y el Apra y la red la integraban además, según la fiscalía, empresarios, periodistas y policías, entre otros.
La comisión permanente aprobó por mayoría también la destitución del ex consejero de la magistratura Sergio Iván Noguera, integrante de la red y lo acusó del delito de patrocinio ilegal Ramos, pero no le imputó otros cargos más graves solicitados por la subcomisión de acusaciones ni lo inhabilitó.
Tampoco fue inhabilitado el consejero Orlando Velásquez, destituido y acusado de cohecho activo. Otros dos consejeros, Guido Aguila y Julio Gutiérrez, fueron inhabilitados por 10 años y acusados de delitos diversos, pero ninguno de los cuatro del cargo de organización criminal.
Las sanciones fueron aplicadas más de dos meses después de que la prensa difundiera grabaciones producto de escuchas telefónicas legales que los procesados intentaron sin éxito invalidar.
La decisión de la comisión permanente quedó pendiente de confirmarse en el pleno congresal, aunque este reproduce la correlación política de la primera, por lo que se prevé la ratificación.
Inminente impunidad
El blindaje del fujimorismo en la Comisión Permanente del Congreso al suspendido juez César Hinostroza y a los consejeros del CNM, a los que libraron del cargo de asociación ilícita-organización criminal de la acusación en la que se les acusa de ser parte de «Los cuellos blancos del puerto», implica que ya nadie les podrá imputar ese delito cuando sean procesados judicialmente.
Así lo advirtió el abogado Carlos Rivera, director de Instituto de Defensa Legal (IDL). «Así de simple y así de grave. Todo gracias a la fuerza N° 1 y la Señora K», escribió en su Twitter, en alusión a las graves consecuencias que tendrá el blindaje a Hinostroza por parte de Fuerza Popular.
Y la advertencia de Rivera tiene base legal, porque así lo señala, con una meridiana claridad, el último párrafo del artículo 100 de la Constitución, que dice a la letra: «Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso». (Prensa Latina/Agencias)
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