BRUSELAS.- El gobierno de Bélgica ha renunciado a cobrar 100 euros al año a los periodistas destinados en Bruselas que quieran cubrir en persona las cumbres de la Unión Europea (UE) que se celebran en la capital, según anunció hoy la Asociación de la Prensa Extrajera (API).
La rectificación del gobierno federal, que implicará añadir una enmienda a una ley belga aprobada el pasado febrero, responde a la presión de la propia API junto con los sindicatos belgas de prensa, indicó en un comunicado la asociación de periodistas.
La exención se aplicará de cara al próximo Consejo Europeo de los próximos 18 y 19 de octubre, precisó el presiente de la API, Tom Weingärtner.
Bélgica había aprobado en el Parlamento Federal a inicios de año que los redactores inscritos como residentes en Bruselas abonasen obligatoriamente 50 euros por semestre para sufragar los costes que suponen los controles de seguridad en las reuniones de líderes europeos que se celebran en Bruselas.
Sin embargo, esa obligación convertida en ley pasó desapercibida hasta que trascendió el pasado 31 de julio, cuando el Consejo envió una notificación a los cerca de 1.000 corresponsales acreditados ante las instituciones europeas explicándoles que a partir de ese momento deberían abonar la cantidad solicitada por el Gobierno belga.
La iniciativa movilizó a profesionales, medios y asociaciones de periodistas, que denunciaron, entre otras anomalías, que la nueva norma suponía un obstáculo a la libertad de información y que las instituciones no deberían exigir dinero a la prensa para cubrir las comparecencias de los representantes de los ciudadanos.
Otras críticas contra la normativa señalaban que afectaba de manera desigual a los periodistas enviados especiales para las cumbres, que estarían exentos, y a los residentes en Bruselas.
Asimismo denunciaban que era más perjudicial para los autónomos, que probablemente tendrían que abonar ellos mismos la tasa, que para los asalariados de grandes grupos de comunicación, cuyas empresas se supone que correrían con los gastos.
La Comisión Europea, que funciona como Ejecutivo comunitario y cuya sede está en frente de la sede del Consejo, que representa a los 28 Estados miembros de la UE, se posicionó claramente en contra esa iniciativa belga que el Consejo había adoptado e invitó a los periodistas a quejarse oficialmente.
«Esta ley belga no nos gusta (…). Los periodistas deben poder hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles», dijo entonces la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de Comisión.
La Asociación de Periodistas Profesionales de Bélgica incluyó un artículo en su última revista mensual del presente mes de septiembre en la que señalaba, además, que la medida había dañado «la imagen» de Bélgica, pues se había hecho eco la prensa internacional «desde Nueva York a Vietnam».
Finalmente, el gobierno belga ha dado marcha atrás y 59 días después de anunciar la medida enmendará la ley para que los periodistas puedan acceder sin cargo a las cumbres de la UE que se celebran en las instalaciones del Consejo, al menos cuatro reuniones al año a las que suele sumarse alguna otra de carácter excepcional.
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