MADRID.- Un tribunal de Birmania ha condenado este lunes a cuatro años de cárcel a la antigua líder ‘de facto’ del país Aung San Suu Kyi en un caso abierto contra ella por la supuesta posesión de walkie-talkies importados de forma ilegal y por violar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
Según las informaciones recogidas por el portal birmano de noticias Myanmar Now, Suu Kyi ha sido sentenciada a dos años de prisión por violaciones de la Ley de Exportaciones e Importaciones y a un año más por violar la Ley de Comunicaciones en el caso de los walkie-talkies.
Los walkie-talkies fueron confiscados por las autoridades militares en una redada llevada a cabo en su vivienda durante el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, perpetrado por el Ejército horas antes de que el nuevo Parlamento tomara posesión tras la victoria de la Liga Nacional por la Democracia (NLD) en las últimas elecciones.
Por otra parte, Suu Kyi ha sido condenada a dos años de cárcel por violar las restricciones impuestas a causa de la pandemia durante su campaña electoral en 2020, en línea con la Ley de Gestión de Desastres Naturales, en un segundo veredicto contra la Premio Nobel de la Paz.
Suu Kyi fue condenada en diciembre a cuatro años de cárcel por cargos de incitación y otra violación de las restricciones por la pandemia, si bien la sentencia fue reducida a dos años poco después.
La Política birmana, de 76 años, tiene varios frentes judiciales abiertos, entre ellos por la supuesta violación de una ley sobre secretos de Estado, que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de la presión internacional para la retirada de los cargos y su liberación.
El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la NLD se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
Pese a ello, los parlamentarios de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) tomaron posesión posteriormente en una ceremonia informal y reeligieron a Suu Kyi para un segundo mandato. Suu Kyi permanece detenida, al igual que el presidente del país, Win Myint, en el marco de la asonada.
El golpe se vio seguido por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 1.450 muertos y más de 11.400 detenidos, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) a través de su cuenta en la red social Twitter.
Un tribunal de Birmania ha condenado este lunes a cuatro años de cárcel a la antigua líder ‘de facto’ del país Aung San Suu Kyi en un caso abierto contra ella por la supuesta posesión de walkie-talkies importados de forma ilegal y por violar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
Según las informaciones recogidas por el portal birmano de noticias Myanmar Now, Suu Kyi ha sido sentenciada a dos años de prisión por violaciones de la Ley de Exportaciones e Importaciones y a un año más por violar la Ley de Comunicaciones en el caso de los walkie-talkies.
Los walkie-talkies fueron confiscados por las autoridades militares en una redada llevada a cabo en su vivienda durante el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, perpetrado por el Ejército horas antes de que el nuevo Parlamento tomara posesión tras la victoria de la Liga Nacional por la Democracia (NLD) en las últimas elecciones.
Por otra parte, Suu Kyi ha sido condenada a dos años de cárcel por violar las restricciones impuestas a causa de la pandemia durante su campaña electoral en 2020, en línea con la Ley de Gestión de Desastres Naturales, en un segundo veredicto contra la Premio Nobel de la Paz.
Suu Kyi fue condenada en diciembre a cuatro años de cárcel por cargos de incitación y otra violación de las restricciones por la pandemia, si bien la sentencia fue reducida a dos años poco después.
La Política birmana, de 76 años, tiene varios frentes judiciales abiertos, entre ellos por la supuesta violación de una ley sobre secretos de Estado, que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de la presión internacional para la retirada de los cargos y su liberación.
El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la NLD se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
Pese a ello, los parlamentarios de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) tomaron posesión posteriormente en una ceremonia informal y reeligieron a Suu Kyi para un segundo mandato. Suu Kyi permanece detenida, al igual que el presidente del país, Win Myint, en el marco de la asonada.
El golpe se vio seguido por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 1.450 muertos y más de 11.400 detenidos, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) a través de su cuenta en la red social Twitter.
Fuente: europapress.es