LA PAZ.- El Gobierno boliviano confirmó hoy la apertura de un proceso contra una periodista por supuestamente tolerar durante una entrevista unas declaraciones racistas de un militar que viajó a España para pedir asilo al considerarse perseguido político.
La viceministra boliviana de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, citada por la agencia oficial ABI, afirmó este sábado en la ciudad amazónica de Guayaramerín que el proceso por racismo y discriminación contra la informadora de la radio Erbol Amalia Pando «tiene que seguir el curso judicial correspondiente».
Según indicó anoche el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la periodista no censuró a un entrevistado que había realizado manifestaciones racistas, lo que a su juicio supone «incitación al racismo» por parte de Pando.
La entrevista a la que se refiere la denuncia fue realizada hace unos días por Amalia Pando al coronel boliviano Germán Cardona, quien viajó la pasada semana a España para pedir asilo al considerarse perseguido político en Bolivia.
Se trata de un caso que ha generado una importante polémica en Bolivia.
Este militar denunció, en un informe interno del Ejército y posteriormente a la prensa, que el Gobierno boliviano orquestó el 2009 un supuesto complot que implicaba en un ficticio intento secesionista a líderes opositores de la región de Santa Cruz.
Según Cardona, el Gobierno empleó armas que estaban bajo la custodia del Ejército y las presentó como pertenecientes a supuestos terroristas europeos que planificaban ese golpe secesionista.
Las declaraciones del militar que han provocado la apertura del proceso a la periodista hacían referencia a la hoy presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, quien según Cardona fue una de las personas que participó en esa supuesta trama gubernamental.
El Gobierno boliviano y altos responsables de las Fuerzas Armadas han rechazado las acusaciones del coronel Cardona y han argumentado que este puede sufrir algún trastorno mental.
Esta no es la primera vez que el Gobierno u otras instituciones abren un proceso contra informadores por supuestamente vulnerar la denominada «Ley contra el racismo y toda forma de discriminación», vigente en el país andino desde el 2010.
En diciembre pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció esta normativa como una de las que, en Bolivia, «cercenan los derechos humanos». (EFE)