LA PAZ (Bolivia).- Las relaciones de Bolivia con México y España han seguido caminos propios, pues mientras la situación con la nación norteamericana está estancada a causa del asilo que otorgó a Evo Morales, con el país europeo se ven mejores signos para saldar diferencias tras el incidente con sus diplomáticos en La Paz.
El problema se originó en la decisión de México de conceder asilo a casi una decena de ex altos mandos de la Administración de Morales que permanecen en la residencia mexicana en La Paz y la negativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de entregarlos a la Justicia boliviana que los requiere por delitos como terrorismo.
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La crisis diplomática con México
Para el académico y experto en asuntos internacionales Álvaro del Pozo, la relación entre Bolivia y México está en «un punto muerto» en que ninguna de las partes cede en sus posiciones, lo que anticipa una «relación complicada» a nivel diplomático.
El quiebre se ha hecho más notorio cuando este jueves el Gobierno mexicano reiteró que hará prevalecer la condición de asilados de los ex colaboradores de Morales a los que el Gobierno interino de Bolivia ha negado salvoconductos, precisó Del Pozo en declaraciones a Efe.
Los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca, junto a otros exfuncionarios, permanecen desde noviembre en la residencia mexicana en La Paz, en cuyas cercanías la Policía del país ha montado un operativo de vigilancia a la espera de hacer cumplir órdenes de aprehensión.
México, que primero asiló a Morales hasta su traslado a Argentina, donde tramita el estatus de refugiado, calificó la acción de las fuerzas de seguridad bolivianas como un «asedio» que va en contra de las normas internacionales sobre cuestiones diplomáticas.
El Gobierno boliviano ha asegurado que ese resguardo se debe a varias solicitudes de seguridad de la misma embajada mexicana.
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España ingresa en la tensión
No fue hasta el pasado 27 de diciembre que España terminó en medio de las tensiones entre Bolivia y México, a raíz de una visita de dos de sus diplomáticos acompañados de individuos «encapuchados» y «presumiblemente armados» a la embajadora de México, según sostuvieron las autoridades bolivianas.
El suceso, que fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros de Morales, derivó en que el Ejecutivo boliviano declarara personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, además de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado.
La decisión fue rechazada por la Unión Europea (UE), que ha señalado que la expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida «extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad».
El Ejecutivo español ha negado en todo momento que quisiera facilitar la salida de los exfuncionarios, al asegurar que se trató de una visita de «cortesía y que los diplomáticos iban acompañados de «personal de seguridad» para su propia protección.
Para Del Pozo, la expulsión de los diplomáticos fue necesaria puesto que hasta el momento no ha habido una «explicación clara» sobre este suceso.
Pese a esta dificultad, consideró que la relación con España tiene «otro escenario» en la medida en que se entienda que las decisiones de Bolivia no fueron para romper relaciones, sino para cuestionar la actitud de personas y se que realice una «investigación conjunta».
Bolivia designó a su vicecanciller, Gualberto Rodríguez, como nuevo Encargado de Negocios ante España, uno de los signos más claros de acercamiento tras una semana de fricciones.
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Interpelación a la canciller
El incidente en la residencia mexicana y la consiguiente decisión gubernamental han alentado a que los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que son mayoría en el Parlamento boliviano, pidan la interpelación, aún sin fecha, de la canciller interina, Karen Longaric.
El diputado masista Édgar Montaño advirtió en declaraciones a los medios esta semana sobre las posibles «consecuencias» de la expulsión de diplomáticos españoles y mexicanos, como una eventual interrupción de algunas actividades comerciales con la UE.
Su colega Franklin Flores, de la misma formación política, señaló que la interpelación servirá para que Longaric explique la que consideró una «vulneración» flagrante de los convenios y tratados internacionales.
EFE/Gabriel Romano
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