LA PAZ.- Un ataque a periodistas, que temieron por su vida, ha desatado en Bolivia numerosas denuncias en defensa de la libertad de información, en medio de la tensión que vive una zona cocalera.
Un equipo del canal de televisión Unitel y una periodista del diario El Deber denunciaron un intento de lincharlos cuando realizaban una cobertura informativa este jueves en el trópico de Cochabamba, una zona de Bolivia donde existe tensión con el Gobierno interino de la que este acusa al expresidente Evo Morales.
Un periodista, un camarógrafo y un chófer de la televisora, además de la redactora del diario, tuvieron que ser escoltados por policías para salir del lugar tras denunciar que fueron agredidos y amenazados por una turba con quemarlos vivos.
Las asociaciones Nacional de la Prensa de Bolivia y de Periodistas de La Paz, la Defensoría del Pueblo, la misión en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ejecutivo transitorio, expresidentes del país como Evo Morales y Carlos Mesa, partidos políticos y desde otros ámbitos, incluso desde el exterior a través de voces de organizaciones como Human Rights Watch, condenaron la agresión, con mensajes de apoyo que se repiten este viernes en redes sociales.
ANP urge al Ejecutivo medidas de protección social para periodistas
Estos colectivos de prensa aseguraron en un comunicado que la agresión fue obra de «militantes» del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, como también se acusó desde el Gobierno interino, mientras el exmandatario, que está en Argentina, culpó en redes sociales al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez de atribuirle todo lo malo que pase en Bolivia.
Un «vil suceso» que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, según estas asociaciones, que pidieron a las autoridades que investiguen a los posibles responsables, como también hicieron la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el expresidente Mesa.
Estos colectivos de prensa exigieron además respeto a los líderes políticos, mientras desde el MAS se ha condenado el ataque.
La agresión se produjo en una zona cocalera considerada un bastión político de Morales, cuyos accesos están controlados por militares y policías como medida para evitar un aumento de casos de coronavirus, del que el Gobierno interino y el MAS se culpan mutuamente, al acusar a este partido de instar a desobedecer la cuarentena mientras la formación de Morales denuncia que el Ejecutivo transitorio utiliza medidas de restricción por la covid-19 para ejercer una represión política.
EFE/ Imagen internet-medios