LA PAZ.- El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy que el país solo expulsará a las ONG extranjeras si se entrometen en actividades políticas, pero que las bolivianas tienen derecho a seguir trabajando incluso si «mienten».
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera (foto), se refirió al tema en medio de las críticas en su contra porque esta semana, en una amenaza de expulsión, citó a cuatro ONG bolivianas que tienen décadas de investigación social y económica y trabajan hoy con enfoques críticos sobre las políticas de Morales.
«Hay una ley que regula ya el funcionamiento de las ONG. Cualquier ciudadano boliviano tiene derecho a organizar su ONG y llevar adelante su actividad, no hay ningún problema y eso se respeta. Lo que no vamos a permitir es que ONG extranjeras (…) financien actividad política partidaria en el país», dijo García.
Recordó que el Gobierno expulsó el 2008 al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, «porque se metió en asuntos políticos» y dijo que también lo haría con los representantes de otros Gobiernos, instituciones y ONG extranjeras, porque «no tienen derecho a involucrarse en actividad política partidaria».
Las ONG extranjeras «van a ser observadas, vigiladas y en el caso necesario expulsadas como sucedió con IBIS», agregó, en alusión a una organización no gubernamental danesa que fue echada el 2013, acusada de promover la división de los grupos indígenas.
García Linera agregó que las ONG bolivianas «tendrán todo el respeto y la protección» y tienen la legalidad para seguir trabajando, pero si «cometen errores y mienten» se las confrontará.
Las advertencias de expulsión y las críticas del Gobierno también se hicieron sobre las bolivianas Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Fundación Tierra.
A juicio de García Linera, esas organizaciones están manejadas actualmente por «derechistas y la mayor parte mentirosos», pero «son bolivianos y tienen todo el derecho de hacer su actividad y tienen también el derecho de mentir».
La inicial amenaza de expulsión sobre esas instituciones fue rechazada por las mismas y criticada en los medios de comunicación y por diversos investigadores porque se trata de organizaciones con varias décadas de trabajo en investigación social y económica.
El Cedib, que maneja un fondo hemerográfico de 12 millones de registros y una biblioteca de 70.000 volúmenes, es objeto de críticas y amenazas tras haber cuestionado la decisión del Gobierno de autorizar actividades petroleras en parques nacionales.
El director del Cedib, Marco Gandarillas, observó estos días que una amenaza de expulsión de una ONG boliviana era de «destierro» porque sus investigadores son todos bolivianos.
El Cedla defendió esta semana en un comunicado que su carácter «independiente respecto a las organizaciones políticas» le ha permitido abordar la investigación sobre asuntos socioeconómicos «con rigor y honestidad intelectual» y con el objetivo de aportar a la superación de los problemas que afectan a los trabajadores.
La Fundación Milenio sostuvo, por su parte, «su absoluta independencia institucional y su estricto apego y cumplimiento de las leyes bolivianas» e indicó que sus labores «tienen como única inspiración el servicio al país y el desarrollo de la democracia».
https://youtu.be/Q4BUUp-feJg