La presidenta, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresando su rechazo por la petición realizada la semana pasada para que se opusiera al proyecto de ley que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002.
«No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que quiero mencionar es que (…) han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido la CIDH y en esa carta de respuesta firmada por los dos titulares de los poderes del Estado han hecho saber a la CIDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución», indicó el primer ministro, Gustavo Adrianzén.
La misiva, recogida por la emisora de radio RPP, apunta a que «Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o el control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional».
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«Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos. Pretendería más bien constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar», reza la misiva.
La Corte IDH requirió al Estado peruano que tomase, a través de sus tres Poderes, «las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto» a fin de «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas» de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal alegó que la ley «provocaría un daño irreparable en materia de superación de la impunidad, dejando sin efecto útil dichas sentencias».
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
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El texto permitiría así paralizar cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990. De la misma forma, la legislación anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
Alberto Fujimori, de 85 años, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido una fractura de cadera como consecuencia de una caída en su habitación. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
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