BRASILIA (Brasil).- La Fiscalía brasileña pidió a la Corte Suprema dos meses más para concluir la investigación contra el presidente Michel Temer por supuestos pagos ilícitos de la constructora Odebrecht, informaron hoy fuentes oficiales.
En el mismo caso también son investigados los ministros Eliseu Padilha, de la Presidencia, y Wellington Moreira Franco, de Minas y Energía, ambos del círculo más próximo al mandatario.
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, se sumó así a la solicitud realizada por la Policía Federal, que también pidió una prórroga de los plazos para concluir las indagaciones.
El caso se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de «favores» políticos recibidos entre el 2013 y 2015 de parte de la Secretaría de Aviación Civil, que en ese tiempo estuvo dirigida primero por Padilha y después por Moreira Franco.
De acuerdo con el testimonio a la Justicia de exdirectivos de Odebrecht, esos pagos ilícitos eran destinados a financiar vía «caja B» las campañas electorales del partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que en la época presidía Temer.
Según confesaron los antiguos ejecutivos de la constructora, Temer, que ocupaba entonces el cargo de vicepresidente, participó en el 2014 de las negociaciones sobre la cantidad que sería pagada al MDB.
Brasil: Temer incluido entre sospechosos por irregularidades de Odebrecht
En un principio el gobernante no fue incluido entre los sospechosos ya que el exfiscal general Rodrigo Janot, entendió que, al tratarse de hechos anteriores al inicio de su mandato, Temer gozaba de inmunidad para ser juzgado, según recoge la Constitución.
Sin embargo, Dodge interpreta la ley de manera diferente y pidió la inclusión del jefe de Estado, cuyo mandato finaliza el 1 de enero de 2019, en la lista de investigados.
La solicitud fue aceptada en marzo pasado por el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de las investigaciones de irregularidades sobre Odebrecht en Brasil.
Por otro lado, Temer hace frente a otra investigación en el Supremo por sospechas de fraude en un decreto sancionado en mayo del año pasado sobre el sector portuario.
El presidente también fue investigado por unas alegadas irregularidades en torno al grupo cárnico JBS, que desembocaron el año pasado en dos denuncias por corrupción presentadas en su contra.
No obstante, esas denuncias fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por mandato constitucional tiene la potestad de autorizar la apertura de un juicio penal contra un jefe de Estado en ejercicio del poder.
En ese asunto también se acusó a Temer de avalar la compra del silencio del exjefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, ya en prisión por participar en la trama de corrupción destapada en la petrolera estatal Petrobras.
El mandatario, que siempre ha negado tales acusaciones y defendido su inocencia, reiteró hoy que «es mentirosa la insinuación» de que «incentivó pagos ilícitos» a su antiguo aliado.
«Eso jamás ocurrió», insistió y afirmó que sus acusadores «perpetúan investigaciones basadas solamente en suposiciones y tesis, sin conexión con hechos reales».
Todos estos casos, sin embargo, podrán llegar a los tribunales cuando Temer deje la Presidencia el próximo 1 de enero.
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