BRASILIA.- Una guerra de cifras sobre el resultado de la votación en la que este domingo se decidirá si se abre un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, caldeó hoy las discusiones en la Cámara de los Diputados.
La oposición necesita dos tercios de la Cámara baja, 342 votos de 513 posibles, para hacer que el proceso con el objetivo de destituir a Rousseff avance al Senado.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fuerza del vicepresidente, Michel Temer, quien relevaría a Rousseff en el caso de que el Senado admita a trámite el proceso, afirmó hoy que ya ha convencido a 367 diputados, veinte más de los necesarios.
En cambio, varios legisladores oficialistas aseguraron que el cabildeo que realizan Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva está dando sus frutos.
El diputado Silvio Costa, del Partido Laborista de Brasil (PTdoB) y uno de los más fervorosos defensores de Rousseff, afirmó en la tribuna de la Cámara baja que los números de la oposición son «fantasiosos».
Costa aseguró que un sondeo interno contratado por su partido, realizado este viernes, indicó que un 52 % de los brasileños apoya el proceso de destitución de Rousseff y un 48 % se opone.
La división del electorado, según Costa, llevará a los indecisos a oponerse al proceso de destitución, que consideró como «el juicio más injusto de la historia de Brasil».
Los recuentos realizados por los tres principales diarios de Brasil señalan que los opositores suman entre 346 y 347 votos, una cifra que haría prosperar el juicio político por un estrecho margen.
En un acto con movimientos sociales, Lula comparó hoy las variaciones en la opinión de los diputados con los altibajos en las cotizaciones de las acciones de las empresas en la Bolsa.
Lula y Rousseff, por separado, mantuvieron hoy reuniones con legisladores y gobernadores, para negociar su apoyo en la votación del domingo.
Si la oposición gana la votación, el proceso avanzará al Senado, cámara que para aceptarlo necesitaría una mayoría simple de sus 81 miembros.
En ese caso Rousseff sería apartada del cargo de forma temporal, durante un plazo de 180 días, hasta que se culmine el juicio político.