RÍO DE JANEIRO.- Una jueza volvió a impedir hoy que asuma como ministro un político del entorno del presidente brasileño, Michel Temer, sospechoso de haber incurrido en corrupción, apenas horas después de que otro tribunal anulara una sentencia similar.
La nueva decisión contra el nombramiento de Wellington Moreira Franco (foto) como ministro de la Secretaría de la Presidencia fue dictada por la jueza Regina Coeli Formisano, de Río de Janeiro, sobre la base de que se sospecha que ha participado en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Por esas sospechas, un juez de primera instancia de Brasilia había dictado una medida cautelar contra el nombramiento, revertida hoy por un tribunal superior a pedido de la Abogacía General del Estado, que actuó en nombre del gobierno de Temer.
En ese caso, así como ocurre ahora en Río de Janeiro, los demandantes son abogados particulares que sostienen que el cargo de ministro le dará a Moreira Franco la condición de aforado, según la cual solamente podría ser juzgado por la Corte Suprema, que es tradicionalmente más lenta que la justicia ordinaria.
Moreira Franco era hasta la semana pasada el responsable de un plan de privatizaciones del gobierno y Temer le dio estatus de ministro en una decisión que generó polémicas, justamente por la condición de aforado que acompaña al cargo.
Sobre Moreira Franco no pesan acusaciones ni investigaciones formales, pero la prensa local sostiene que ha sido incluido en una larga lista de políticos que se habrían beneficiado de la red de corrupción en Petrobras por exdirectivos del grupo Odebrecht que colaboran con la justicia en la investigación de esos hechos.
Esos testimonios están bajo estricto secreto judicial, lo cual la Abogacía General usó como argumento para anular la primera sentencia contra el ministro, pues consideró que no bastan «hilaciones» o unas meras «sospechas» para impedir su nombramiento.
Sin embargo, la jueza Coeli Formisano aceptó la demanda en una sentencia en la que, además, se disculpó con el presidente Temer por adoptar esa decisión.
«Pido, con humildad, perdón al presidente Temer», escribió la jueza en su sentencia, la cual atribuyó a su «más pura lealtad a sus lecciones de Derecho Constitucional», una materia sobre la que el mandatario y abogado ha publicado numerosos trabajos académicos.
La magistrada indica que «aprendió» con los textos de Temer y que por eso mismo entiende que «un magistrado no puede encerrase en su despacho e ignorar la indignación popular».
Tanto en Brasilia como ahora en Río de Janeiro los demandantes se apoyaron en una cautelar dictada en marzo del año pasado por un magistrado de la Corte Suprema, que le impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupar un cargo de ministro en el Gobierno de Dima Rousseff, destituida en agosto pasado y reemplazada por Temer.
En ese momento, Lula ya era investigado por asuntos de supuesta corrupción, lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la misma premisa de que le valdría la condición de aforado.
En el caso de Lula, la cautelar nunca fue analizada por el pleno del Supremo, al cual el expresidente se dirigió el pasado lunes para exigir que anule esa decisión y corrija de ese modo lo que calificó de «error histórico».
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