BRASILIA (Brasil).- Más de 200 personas aun deben ir a juicio en el Supremo Tribunal de Brasil (STF) por su participación en los actos golpistas del 8 de enero, además de las ocho que hoy figuran condenadas. Hace dos semanas el STF juzgó a los tres primeros acusados que tenían las acciones analizadas individualmente, en un primer bloque y fueron condenados a penas distintas, que llegaron a 17 años de prisión.
Según el diario O Tempo el Tribunal Superior formó mayoría la víspera para sancionar a otros cinco incriminados de participar en los episodios antidemocráticos que culminaron en la invasión y depredación de las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Ahora ese segundo bloque es juzgado en plenario virtual, modalidad en que los ministros registran el voto en el sistema electrónico de la audiencia.
La data límite para el examen comenzó en la primera hora del 26 de septiembre y termina a la medianoche de este lunes.
Hasta la fecha, la Procuraduría Regional de la República presentó mil 390 denuncias contra personas acusadas de participar en el complot golpista.
De ellas, mil 125 fueron inculpadas como incitadoras de los actos y manifestaron interés en firmar acuerdos de no persecución penal.
Es decir, van a poder librarse de juicio y riesgo de condena a la cárcel, mediante una serie de condiciones.
No todos los acusados de participar en los ataques a los Tres Poderes de la República tienen derecho a tal trato.
La publicación asegura que, por el compromiso de no persecución penal, acusados de delitos cometidos sin violencia o grave amenaza y con pena mínima de cuatro años pueden confesar los delitos a cambio de medidas distintas de la prisión.
En tal caso, reparación del daño provocado, entrega de los bienes que son fruto del crimen, pago de multas y prestación de servicios a la comunidad.
A cambio, el proceso que podría llevar a los acusados a la condena queda suspendido.
En el caso de las acciones del 8 de enero, para firmar el arreglo con la Fiscalía, los acusados confesaron los delitos y se comprometieron al pago de multas, además de la prestación de servicios a la comunidad, prohibición de uso de redes sociales y participación en un curso sobre democracia.
Para tener validez, los pactos necesitan ser homologados por el relator de los casos en el Supremo, el ministro Alexandre de Moraes.
Fuente y foto Prensa Latina