MADRID/España.- La Audiencia Nacional española ha rechazado extraditar a Brasil al presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, al tener la doble nacionalidad española y brasileña y no existir un convenio bilateral para la entrega recíproca de sus ciudadanos.
En un auto notificado este viernes, el pleno de la Audiencia revocó una decisión previa de la justicia española de dar luz verde a la entrega a Brasil de Durán para ser juzgado por un delito de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación con el caso Petrobras.
No obstante, la Audiencia abre la puerta a la posibilidad de que el reclamado sea enjuiciado en España, siempre que Brasil así lo solicite y suministre las pruebas necesarias.
Los magistrados entienden que la entrega a Brasil no puede producirse al no existir un convenio de extradición entre ambos países y al tratarse de un ciudadano español, por lo que únicamente existe la posibilidad de juzgarle en España.
Durán, que tiene la doble nacionalidad brasileña y española, alegó en la vista de extradición celebrada en mayo que está amenazado de muerte en Brasil y aseguró que viajó a España no para huir de la justicia, sino porque tenía «miedo».
Durán fue detenido en España por su supuesta implicación en la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil, el caso Petrobras, en el que ya han sido condenados directivos de la petrolera estatal y de las principales constructoras del país, además de varios políticos.
La investigación a Petrobras es la de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera a partidos políticos y miembros del Ejecutivo.
En una entrevista publicada por el diario El País ayer viernes, Rodrigo Durán Tacla afirmó que la empresa Odebrecht sobornó a «más de mil personas en el mundo» y que en Brasil hay 500 personas afectadas «con políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido».
En la entrevista, Durán Tacla afirma que la empresa Odebrecht gastó cerca de 260 millones de euros en comisiones ilegales y que el dinero se movía en efectivo, «a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales», pero que la constructora «por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario».
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