BRASILIA.- El presidente en ejercicio brasileño, Hamilton Mourao, firmó un decreto, publicado este jueves en el diario oficial, que amplió el número de funcionarios autorizados para clasificar como «ultrasecretos» datos públicos, lo que ha causado cierto revuelo en el país.
El decreto modifica algunas reglas para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información al permitir que trabajadores comisionados y dirigentes de organismos y empresas públicas, entre otros, puedan determinar el sigilo de datos con el grado de protección «ultrasecreto».
Las informaciones con esa clasificación, la máxima que se puede otorgar en Brasil, solo pueden tornarse públicas pasados 25 años.
Antes de este decreto, solo el presidente, el vicepresidente, los ministros o autoridades equivalentes, los comandantes de las Fuerzas Armadas y los jefes de misiones diplomáticas en el exterior tenían la potestad para atribuir la denominación de «ultrasecreto».
En la práctica, el texto altera las normas de la Ley de Acceso a la Información, en vigor desde el 2012 tras ser sancionada por la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y que permitió a cualquier persona física o jurídica tener acceso a informaciones públicas sin alegar una razón específica para ello.
Mourao, en ejercicio de la Presidencia de Brasil debido al viaje de Jair Bolsonaro a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, afirmó este jueves a los periodistas que el decreto, en realidad, «disminuye la burocracia» a la hora de «desclasificar algunos documentos sigilosos».
El general en la reserva del Ejército aseguró que «la transparencia» está garantizada y aclaró que son «rarísimas» las informaciones que en Brasil están bajo la clasificación de «ultrasecretas».
«Normalmente son planes militares, algunos documentos de Itamaraty -sede de la Cancillería-, algunos acuerdos firmados, es muy poca cosa», completó.
También indicó que el contenido del decreto ya fue redactado por el anterior Gobierno de Michel Temer y que Bolsonaro solo «dio luz verde» para que fuera firmado ahora.
El decreto ha provocado reacciones negativas principalmente de los partidos de la oposición y de asociaciones que abogan por la transparencia en las administraciones públicas.
El Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la medida y afirmó que el Gobierno de Bolsonaro «va en dirección contraria a la transparencia» y «endurece la censura a las informaciones públicas».
Por su parte, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) anunció que recurrirá a la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país, el decreto firmado por Mourao.
Por su parte, Fabiano Angélico, consultor de Transparencia Internacional en Brasil, señaló a Efe que «el decreto es bien negativo porque la clasificación de informaciones como sigilosa es el punto más importante» y el «corazón» de «una política de transparencia».
En este sentido, afirmó que cuando el Gobierno de Bolsonaro «suelta un decretó así sin discutir con la sociedad civil y en el que aumenta para más de 1,000» las personas con esa prerrogativa, está dando ese poder de decisión a mucha gente «que no tiene la debida preparación técnica».
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