Este miércoles, en CADE Ejecutivos 2024 en Arequipa, el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se presentó como una oportunidad concreta de reformas y cambios, donde el sector empresarial juega un rol protagónico en la implementación de reformas con miras a alcanzar el bienestar económico y social de los ciudadanos.
“El proceso de adhesión a la OCDE será determinante para mejorar la gobernanza y la competitividad del país”, destacó la alta representante del Perú para el proceso de adhesión, embajadora, Ana Rosa Valdivieso, durante su exposición en el panel “Inversión privada, gestión del Estado y bienestar”.
La embajadora recordó que la OCDE es un referente mundial en el diseño y promoción de mejores políticas públicas y esta organización invitó al Perú a iniciar su incorporación como país miembro en 2022.
En ese marco, el país es evaluado por veinticuatro comités y cinco de ellos ya emitieron recomendaciones: el Comité de Gobernanza Pública, el Grupo de Trabajo de Anticorrupción Internacional, el Comité de Altos Funcionarios de Presupuesto, el Comité de Política Regulatoria y el Comité de Medio Ambiente.
Mencionó que, como parte de la implementación de las recomendaciones, se aprobó en mayo de 2023 la Ley de Mejora de la Calidad Regulatoria y se está impulsando la ventanilla única para mejorar la prestación de los servicios al ciudadano.
Asimismo, apuntó que en el tema de infraestructura, la OCDE plantea Asociaciones Público-Privadas transparentes y con reglas claras, para una participación efectiva del empresariado.
La alta representante destacó la importancia de la participación del sector empresarial en las misiones de investigación de la OCDE. Subrayó que la inclusión de diversos actores como el sector privado, la academia y los jóvenes en un comité consultivo garantiza la autonomía del proceso de adhesión como política de Estado.
Finalmente, indicó que el proceso de adhesión es una oportunidad estratégica que demanda la articulación estatal y permitirá fortalecer las instituciones, mejorar la gestión pública e impulsar reformas para reducir la informalidad, así como para promover el incremento de la competitividad y productividad.