ROMA/Italia.- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó hoy un proyecto de ley, que deberá pasar por el Senado, que recorta la pensión vitalicia que actualmente perciben unos 2,600 antiguos parlamentarios, una suma que ronda los 240 millones de euros al año.
El proyecto de ley, impulsado por el gobernante Partido Demócrata (PD), recibió el apoyo de casi todas las formaciones y obtuvo 348 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones, mientras que Forza Italia de Silvio Berlusconi no participó en la votación.
El PD y el opositor Movimiento Cinco Estrellas (M5S) se han disputado la autoría de este texto ya que los seguidores de Beppe Grillo sostienen que su tramitación en el Parlamento se debe a las presiones que han realizado desde su bancada en los últimos tiempos.
El proyecto de ley deberá ser aún aprobado en una segunda lectura en el Senado, algo que se producirá previsiblemente antes del parón estival.
La pensión vitalicia para los parlamentarios fue introducida en 1954 como una renta para aquellos trabajadores que hubieran abandonado su empleo para emprender la carrera política y cubrir sus necesidades una vez que dejaran la gestión pública.
Esta pensión acabó siendo vista como un privilegio y algunos parlamentarios la obtuvieron a pesar de haber ocupado su escaño durante poco tiempo.
La propuesta del PD prevé una pensión más reducida y a la que los parlamentarios, equiparados en este sentido a los funcionarios, podrán recurrir más tarde, una vez cumplidos los 65 años.
El texto presenta un nuevo cálculo de la pensión asignada en base a los impuestos que hayan pagado por su sueldo sus beneficiarios. La medida afectará tanto a los actuales legisladores como a los antiguos.
Los medios locales informan de que actualmente 2,600 antiguos parlamentarios reciben en total 240 millones de euros brutos al año en pensiones, una cifra que con este nuevo proyecto de ley se vería considerablemente reducida.
La Seguridad Social italiana (INPS) estima que, de aprobarse el texto, esas pensiones se verán recortadas en un 40 %, lo que haría que la media que reciben al año los exparlamentarios y ex consejeros regionales se reduzca de 56,830 euros a 33,568 euros, con lo que el Estado ahorraría unos 60 millones de euros al año.
El proyecto de ley también fija la edad mínima de jubilación de los parlamentarios en los 65 años, mientras que en el actual sistema pueden acceder a esta pensión a partir de los 60 años siempre que hayan completado una legislatura.
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