El Pleno del Congreso de la República aprobó el informe de la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción en la región Áncash y que identifica los delitos cometidos y la relación de sus autores con el crimen organizado.
De acuerdo al documento, expuesto por el presidente de la comisión, Mesías Guevara, y aprobado por mayoría al filo de la medianoche, la cantidad de denuncias contra la gestión de César Álvarez en la presidencia del gobierno regional entre el 2007 y 2014 incluyen presuntos actos de corrupción al frente de una organización criminal articulada para cometer delitos y obtener ventajas económicas proveniente del erario nacional.
Para conseguir esos objetivos, dijo Mesías Guevara, esta organización habría pagado a sicarios que se encargaban de asesinar a autoridades, testigos y a quien consideraban un obstáculo.
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Asimismo, Mesías Guevara dio cuenta del daño económico causado por las irregularidades en el manejo del canon y los remanentes de las utilidades mineras; las cobranzas coactivas fraudulentas, la posible admisión de cartas fianzas proscritas, el lavo de activos y el abuso de autoridad, entre otros.
Según manifestó Mesías Guevara, estos graves delitos hacen necesaria la intervención del Ministerio Público a fin de realizar una exhaustiva investigación.
El documento también invoca al Ministerio Público, a la Policía Nacional y Poder Judicial a hacer todos los esfuerzos para identificar y sancionar ejemplarmente a los autores intelectuales y mediatos del asesinato de Sánchez Milla, Ezequiel Nolasco, Colona, Hilda Saldarriaga y otros.
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Asimismo, Mesías Guevara pide denunciar penalmente a los exfiscales José Peláez y Carlos Ramos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Ambos personajes, indicó Mesías Guevara, habrían formado parte de la red de impunidad que imperó en esa región y que favoreció a César Álvarez al sancionar a los fiscales que investigaron las denuncias en su contra.
Igualmente, Mesías Guevara propone denunciar por prevaricato a nueves magistrados del Poder Judicial que avalaron fraudulentas cartas fianzas.
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Otra recomendación es dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que establezca mecanismos para mantener las asignaciones presupuestales provenientes del canon y donaciones, y desarrollar una cartera contingente priorizada de grandes proyectos alternativos para que sean ejecutados debidamente.
Respecto a la Contraloría General de la República le recomienda presentar al Congreso de la República un plan de acciones que brinde garantías de atención de los principales montos y actividades de riesgo.
No obstante, el legislador Mariano Portugal y Enrique Wong, de Unión Regional, presentaron un informe en minoría, bajo la consideración de que el informe elaborado por el congresista Mesías Guevara había violado el debido proceso en algunos aspectos de la indagación.
ANDINA