El Gobierno evalúa mejorar la tipificación penal y las sanciones a aplicar a las personas que, sin autorización, mantienen en su propiedad armamento de guerra, a fin de evitar situaciones como las de las granadas encontradas en un local adscrito al partido fujimorista, dijo hoy el presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano.
Dijo que esto se hará al amparo de las facultades legislativas dadas por el Congreso al gobierno central para el tema de la seguridad ciudadana.
“Estamos evaluando tipificar más claramente este tema y, en la medida de lo posible, agravar las penas para aquellas personas que tienen armas de guerra”, indicó Pedro Cateriano.
Esto se daría antes de que concluya el plazo de vigencia de las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo para la emisión de decretos legislativos sobre seguridad ciudadana.
El tráfico de armas de guerra “es un tema complejo que afecta a la región latinoamericana, sobre todo donde hay violencia”, indicó en entrevista con RPP.
Pedro Cateriano afirmó que “si hay un mercado” para que estas circulen. “En el VRAEM los rezagos de Sendero Luminoso operan con armas ilegales.
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Orden de inamovilidad
Precisó, además, que la orden de inamovilidad dada al Ejército a nivel nacional, tuvo que ver con la incautación de las granadas en Lima. Recordó que el traslado de este material tiene que realizarse de manera cuidadosa y especializada, por lo que se requiere investigar tal desplazamiento.
También informó que la naturaleza de la referida orden le fue comunicada al mismo presidente del Congreso Luis Iberico, quien –dijo Pedro Cateriano– lo telefoneó para preguntar qué ocurría.
“Le dije que era parte de una operación y no una respuesta a una amenaza interna o externa”, explicó.
Pedro Cateriano también indicó que el hallazgo de las 51 granadas “fue producto de un trabajo de inteligencia” que culminó en una operación confidencial.
En ese sentido, dijo que la sorpresiva presencia en aquel momento y lugar del parlamentario fujimorista Octavio Salazar, debe llevar a “preguntarnos qué pasa”.
En todo caso, “acá vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó, tras resaltar que “el presidente Ollanta Humala tiene la determinación política de enfrentar este problema”.
Andina
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