BARCELONA.- El juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana admitió a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira por los presuntos pagos millonarios de la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Estos pagos, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, realizados por el club catalán entre 2001 y 2018 y que suman 7.3 millones de euros, podría constituir un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal, así como uno continuado de falsedad en documento mercantil.
Además del FC Barcelona y Enríquez Negreira, se ha denunciado a los expresidentes del club catalán Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el exdirector general de la entidad Óscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler.
En el auto, al que EFE asegura haber accedido, la magistrada de refuerzo del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Silvia López Mejía, admite también a trámite la querella interpuesta por el exárbitro Xavier Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y la mercantil Dasnil 95 SL por supuesta corrupción deportiva o fraude deportivo.
Quien fue vicepresidente del CTA entre 1993 y 2018 facturó, mediante las sociedades Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccercam SL, sus servicios al FC Barcelona que, de acuerdo con la entidad azulgrana, eran informes de árbitros, ‘scouting’, además de fútbol base, según se informa.
Sobre Soccercam SL, perteneciente al hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, los servicios que presumiblemente prestó al Barcelona entre 2016 y 2018, no los facturó de manera directa al club catalán, sino lo hizo por una tercera empresa de propiedad de Josep Contreras, integrante en ese momento de la junta directiva de Josep María Bartomeu.
De acuerdo con el auto, este ‘modus operandi’ impidió «que a Javier Enríquez Romero lo contratara de manera directa el FC Barcelona para no relacionar el apellido Enríquez con el club».
La investigación de estos hechos supuestamente delictivos se origina en julio de 2019. En ese año, la Agencia Tributaria empezó una inspección al Barcelona por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015, 2016 y 2017, por pagos realizados en relación con las facturas que giraron empresas vinculadas a Enríquez Negreira.
Durante la inspección, el fisco solicitó al club identificar «a los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios» y entregar copia «de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico».
El FC Barcelona aseguró en respuesta «que no se había encontrado la documentación requerida», mientras la inspección fiscal consideró no deducible el gasto, «de tal manera que las facturas perdieron la presunción de validez.
De acuerdo con la denuncia de la fiscalía que recoge el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, esta entidad, mediante los presidentes Rosell y Bartomeu, «alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones orientadas a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que jugase el club».
Por todo ello, la jueza ha encontrado indicios de un presunto delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y uno continuado de falsedad en documento mercantil que se deben investigar,
En el auto, da por comparecida como acusación particular en este procedimiento a La Liga de Fútbol Profesional y dispone que se investigue los hechos que se han denunciado a la Guardia Civil.