El fiscal Hamilton Castro ha contado con evidencias que justifican las detenciones preliminares en el caso Odebrecht y por ello el Poder Judicial dispuso esa medida, aseguró este sábado la jueza superior Susana Castañeda, coordinadora del Sistema Nacional Anticorrupción.
Mencionó que la detención preliminar se produce cuando el fiscal encuentra razones para ello como parte de su investigación, sumado a que el delito en cuestión tendría pena mayor de cuatro años y la posibilidad de que huya el implicado.
“El juez actúa con evidencias que presenta el fiscal, si considera que son suficientes ordena la detención judicial preliminar, que es lo que ha sucedido”, explicó al comentar al caso de dos exfuncionarios del segundo gobierno. Uno de ellos detenido y el otro con paradero desconocido.
Este detención, añadió, podría ser de hasta diez días en el ámbito de criminalidad organizada, que sería este caso, tiempo en que el fiscal recogerá las declaraciones del implicado que permitan complementar su investigación.
Susana Castañeda mencionó que luego se podría disponer su libertad o formalizar investigación preparatoria para que se solicite medida de prisión preventiva o comparecencia con restricciones, dependiendo de lo que la Fiscalía considere.
Si se da el segundo escenario, agregó, el juez convocará una audiencia pública en un plazo de 48 horas, en la cual se escucharán los argumentos del Ministerio Público y de la defensa legal del presunto implicado.
Como parte de las investigaciones del caso Odebrecht, la Policía Nacional allanó la noche del viernes la casa del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, aunque no lo encontró, y detuvo al expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima Línea 1, Edwin Luyo Barrientos.
En el caso de Jorge Cuba, Susana Castañeda informó que correspondería una orden de captura internacional y solicitar apoyo de la Interpol, al recordar que no existen fronteras ante los delitos de corrupción.
Sostuvo que, dependiendo de lo que decida el fiscal, si la acusación es por colusión las penas van de seis a 15 años de prisión si se perjudicó el patrimonio del Estado.
Foto internet – medios
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