BUENOS AIRES (Argentina).- El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano (foto), exigió hoy a la constructora brasileña Odebrecht que dé todos los detalles posibles sobre los sobornos de 35 millones de dólares que admitió haber pagado para obtener concesiones de obra pública en el país austral.
«El Gobierno exige a la empresa que ellos den los nombres y cuenten qué es lo que pasó. Si hay alguien que pagó las coimas en Argentina, la empresa sabe perfectamente quién fue, a quién y por qué», dijo el titular de Justicia en declaraciones a la radio local Mitre.
La Justicia argentina investiga el supuesto pago de sobreprecios por parte de la constructora, implicada en el caso de corrupción ‘Lava Jato’ de Brasil, para obtener contratos de obra pública durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
La firma admitió el pasado diciembre haber pagado en el país austral alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que salpica tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.
No obstante, para Garavano, la Justicia argentina ha progresado muy poco en la investigación a la empresa, algo que considera «vergonzoso», ya que, recordó, es el único país «que no avanzó en este tema».
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En este sentido, denunció la «inacción» de la procuradora general del Estado, Alejandra Gils Carbó, y destacó la decisión de su cartera de establecer un convenio de colaboración entre la Justicia de Estados Unidos y la de Argentina con el fin de intercambiar información sobre las operaciones de la empresa.
Así, de acuerdo con Garavano, en la primera quincena de julio está previsto que se celebre un encuentro entre fiscales de ambos países para avanzar en las pesquisas contra la constructora.
Por otro lado, subrayó la importancia de un proyecto de ley para que las personas jurídicas del país tengan responsabilidad penal, un texto ya fue aprobado en una comisión del Congreso y que está a la espera de ser tratado en el pleno de la cámara.
Además, Gils Carbó y su par brasileño, Rodrigo Janot, acordaron este viernes la creación de un equipo conjunto de investigación, formado por fiscales de ambos países, con el objetivo de «generar avances en la investigación para lograr la responsabilidad penal y patrimonial correspondiente a hechos ilícitos» de la firma.