La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (APP), aprobó esta tarde, por mayoría, el informe de calificación mediante el cual admite a trámite la Denuncia Constitucional (DC) 492 contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, tipificado el artículo 394 del Código Penal.
La denuncia, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, atribuye a la mandataria haber recibido en donación continua, por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, un conjunto de relojes y pulseras de alto valor, luego de haber suscrito una serie de dispositivos legales que transferían recursos económicos a favor de la región.
La denuncia, concluye el informe, cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Obtuvo 17 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.
Previamente, desestimó el informe de calificación que admitía a trámite, por procedente, la DC 425, formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra la presidenta de la república, el exministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, y los exministros del Interior, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
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La acusación, según el informe, partía del hecho de que esas autoridades habrían omitido disponer medida alguna, en el marco de sus competencias constitucionales, para controlar y evitar que se sigan sucediendo muertes durante las protestas masivas efectuadas en las regiones de Ayacucho, Puno y Cusco, en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Fue desestimado por mayoría: 4 votos a favor del informe, 14 votos en contra y cero abstenciones.
OTROS INFORMES DE CALIFICACIÓN
En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara admitir a trámite la Denuncia Constitucional 421 formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra la excongresista María del Pilar Cordero Jon Tay, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, cohecho pasivo impropio y concusión.
A la congresista se le acusa de haber solicitado a un servidor, cuando era titular de la Comisión Especial Puyango Tumbes, a cambio de su contratación, la entrega del 50 por ciento de seis remuneraciones, aprovechándose de su cargo.
En vista de que la referida denunciada ya se encuentra inmersa en otra denuncia, el informe propuso admitir a trámite, por procedente, la denuncia en el extremo de concusión, y determinó que carece de objeto, por sustracción a la materia, denunciarla por concusión en agravio del estado.
Obtuvo 12 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.
Luego, se aprobó por unanimidad (18 votos) admitir a trámite la DC 444, formulada por el fiscal de la Nación (i), Juan Villena Campana, contra el juez supremo titular Víctor Ticona Postigo, como presunto autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
Al denunciado se le imputa haber participado, indebidamente, en la contratación de la abogada María Falconí Gálvez en la gerencia general del Poder Judicial, a través de pedidos de favores al juez supremo César Hinostroza Pariachi.
Seguidamente, se aprobó por unanimidad (18 votos) admitir a trámite la DC 499, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, contra el expresidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y de omisión de consignar declaraciones en documentos.
La denuncia se sustenta en el hecho de que el expresidente habría omitido consignar que su empresa, C y M Vizcarra S.A.C., habría brindado servicios a la transnacional brasileña Odebrecht, comprometida en serios actos de corrupción, en la construcción de la Interoceánica Sur.
DELEGACIONES
De otro lado, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó en 9 congresistas 12 denuncias constitucionales (DC).
Se delega en el congresista Diego Bazán Calderón (RP) la DC 115 (ex 468) contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por infracción constitucional y otros delitos.
En la parlamentaria Susel Paredes Piqué (CD-JP) la DC 289 contra Geiner Alvarado López, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por presunta infracción constitucional y otros delitos.
En el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) la DC 351 contra la excongresista Betssy Chávez Chino por presunta infracción constitucional.
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En el congresista José Cueto Aservi (HyD) la DC 352 contra el juez supremo titular de la Corte Suprema, José Luis Salas Arenas, por presunto delito de colusión agravada.
En la congresista Norma Yarrow Lumbreras (RP) la DC 383 contra la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, por el presunto delito de omisión rehusamiento o demora de actos funcionales.
En el congresista Héctor Ventura Ángel se delegan las DC 384, 400 y 466, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y diversos exministros, dos excongresistas y exmiembros del Tribunal Constitucional, por presunta infracción constitucional y presuntos delitos.
En el congresista Edgard Reymundo Mercado (CD-JP) la DC 437 contra el exministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, por presunto delito de nombramiento indebido para cargo público.
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En el congresista Alex Paredes Gonzáles (BMCN) la DC 456 acumuladas con la DC 361 y 370, contra la congresista Rosio Torres Salinas (APP), por presunta comisión del delito de concusión.
En el congresista Arturo Alegría García (FP) la DC 469 formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, contra el juez supremo Jorge Salas Arenas, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Todo ellos deberán emitir el respectivo informe de Determinación de Hechos y Pruebas Pertinentes.
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