La Defensoría del Pueblo rechazó la posible excarcelación de las personas investigadas en el caso del feminicidio de la activista Solsiret Rodríguez.
En un pronunciamiento público, la entidad llamó la atención sobre la ausencia de diligencia, desde el inicio mismo de la denuncia y las demoras en el proceso que han originado esta situación, “la cual refleja las falencias estructurales del sistema de justicia ante hechos de violencia de género”.
El caso Solsiret tuvo un retraso desde la recepción de la denuncia por desaparición, ya que en la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao no se le quiso recibir la misma al padre de la víctima, apelando a estereotipos de género que la revictimizaban, dijo la Defensoría.
“Esta situación es inaceptable, ya que, como se ha advertido, las primeras horas en que está desaparecida la víctima son claves para poder ubicarla con vida, previo a un posible hecho de violencia conexo”.
Ante ello, se inició un proceso contra el suboficial Pío Dante Pastor Bocángel por inacción de funciones, el cual ha sido seguido por la Defensoría del Pueblo por ser una situación que afecta el acceso a justicia.
Precedente de impunidad
“Sin embargo, a la fecha, el caso se encuentra en peligro de ser archivado en el fuero militar-policial, lo cual sentaría un precedente de impunidad frente a este tipo de deficiencias en la Policía Nacional del Perú (PNP)”, protestó la Defensoría.
#DeUnaVezPorTodas Caso de #SolsiretRodríguez demuestra falencias estructurales en sistema de justicia para víctimas de violencia de género. Dificultades datan desde denuncia hasta demoras en proceso, generando impunidad y limitaciones en acceso a justicia👉https://t.co/ICKc4WsOW5 pic.twitter.com/lJXJ9mBtur
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 18, 2022
En el recuento de falencias, la institución explicó que la ubicación del cuerpo demoró tres años y medio, a partir de lo cual se inició el proceso para sancionar a los presuntos responsables, el cual se dilató porque las dos primeras fiscales no realizaron ninguna diligencia.
Recién el tercer fiscal a cargo solicitó y recibió apoyo logístico para desarrollar su labor, aunque las demoras impactaron en la recaudación eficiente de las pruebas del caso, continuó la entidad.
“Así, el juicio oral inició el 4 de marzo de este año, programándose solo 8 sesiones hasta junio, pese a los pedidos de que se realicen audiencias más frecuentes para agilizar el proceso. A ello, se sumó lo informado por el Poder Judicial (PJ), que señaló que el Ministerio Público presentó la acusación virtual sin elementos de convicción”, lamentó la institución.
#DeUnaVezPorTodas Rechazamos posible excarcelación de personas investigadas por el feminicidio de #SolsiretRodríguez. En este caso, no se ha cumplido con debida diligencia desde el inicio mismo de la denuncia, por lo que lamentamos que aún no haya justicia para padres. (1/2) pic.twitter.com/kgMj2Myh3O
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Esto originó que, a pesar de las ampliaciones, se venciera el plazo de prisión preventiva para los acusados (25 meses en total), lo cual trajo como consecuencia la decisión de excarcelación previo pago de 60,000 soles y cumplimiento de medidas de comparecencia.
Impedimento de salida
La Defensoría planteó que, ante ello, “la fiscalía debería solicitar al PJ la aprobación de impedimento de salida del país, para garantizar la presencia de los investigados en las sesiones y evitar la fuga e impunidad”.
“El caso emblemático de Solsiret Rodríguez refleja el problema estructural que enfrenta el Sistema de Justicia, y que vienen sufriendo otras víctimas de violencia de género”, enfatizó el organismo defensorial.
“Desde la recepción de la denuncia hasta el desarrollo de los procesos penales, se advierte la necesidad de un tratamiento de los casos con enfoque de género y celeridad que permita una atención efectiva y un adecuado acceso a justicia, que evite la impunidad”, demandó.
Finalmente, “la Defensoría del Pueblo seguirá supervisando este y otros casos en donde se evidencien los problemas que afectan los derechos de las mujeres”. Asimismo, reitera la necesidad de implementar diversas medidas que permitan prevenir la violencia en los distintos niveles de la sociedad.
ANDINA