BARCELONA.- Los grupos independentistas del Parlamento catalán, que tienen mayoría, pactaron una propuesta para declarar «solemnemente» el «inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república«, al margen de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional de España.
Junts pel Sí (Juntos por el sí), con 62 escaños y los independentistas radicales de la CUP (10) firmaron la propuesta en la que se constata que el «mandato democrático» de las elecciones del 27 de septiembre avalan el proyecto independentista.
Junts pel Sí es un grupo formado por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, nacionalistas de centro) y los republicanos independentistas de ERC (izquierda), junto a representantes de la sociedad civil, que se presentó a los comicios con un único punto: iniciar el proceso de independencia de Cataluña.
Aunque ganaron las elecciones, que plantearon como un plebiscito sobre la independencia, no tienen mayoría suficiente en la Cámara, por lo que necesitan el apoyo de la CUP para sacar adelante sus propuestas, además de para elegir al presidente catalán.
A este cargo opta el actual presidente, Artur Mas, pero es rechazado por la CUP.
La iniciativa aprobada se debatirá en un pleno extraordinario previsto para antes de la investidura, que como máximo debe llevarse a cabo el 9 de noviembre.
La resolución prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública», que deben servir para poner las bases del eventual futuro Estado.
La propuesta se aprobó un día después de constituirse el nuevo Parlamento, en el que la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, concluyó su primer discurso con un «Viva la república catalana«.
El texto evita el empleo explícito del término «desobediencia» a las leyes del Estado español, como pretendía la CUP, pero sí deja claro que el Parlamento «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional«.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) October 26, 2015
Los firmantes consideran «deslegitimado y sin competencia» al Constitucional, a raíz de una sentencia del 2010 que recortó aspectos fundamentales del Estatuto catalán (la norma que regula el funcionamiento de la autonomía en esa región).
Asimismo, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para hacer efectiva esta propuesta y de ponerla en «conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional».
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