MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) español autorizó que el Parlamento de Cataluña debata la semana próxima una resolución por la que pretende iniciar la «desconexión» de esa región respecto a España y su separación.
Dos formaciones catalanas – Junts pel Sí y la CUP – impulsan ese proceso independentista y cuentan con la mayoría de la Cámara regional para aprobar esa resolución en un pleno que previsiblemente tendrá lugar el lunes 9 de noviembre.
Frente a la celebración de ese pleno habían presentado recurso ante el Constitucional otros tres partidos – Ciudadanos, PSC y PP -, que alegaban que la aceleración de los trámites para celebrar un debate y votación del texto supone una vulneración de la normativa interna de la Cámara.
No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) decidió rechazar esa petición de amparo, por lo que permiten la celebración del pleno.
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Los once magistrados del Tribunal Constitucional (TC) justificaron su decisión en que suspender la tramitación de la moción independentista constituiría «un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido se desconoce».
En la admisión a trámite de los recursos el Tribunal Constitucional (TC) destacó la importancia del contencioso en Cataluña al asegurar que «el asunto suscita una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales».
Los planes de los secesionistas catalanes centran la actualidad política española desde las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre y cuando queda mes y medio para los comicios legislativos españoles, que tendrán lugar el 20 de diciembre.
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El gobierno español (PP, centroderecha) y los principales partidos rechazan la hipótesis de la independencia de Cataluña, que consideran una vulneración del ordenamiento constitucional.
A este respecto, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aseguró que si el 9 de noviembre se aprueba en el Parlamento catalán la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP su Gabinete presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, «a la mayor rapidez posible».
La moción plantea que en un plazo máximo de treinta días tras la aprobación del texto empiece la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública», que pongan las bases del hipotético estado catalán.
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El gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) porque es su «obligación» y porque lo que dice la resolución «no tiene ningún sentido» en el actual ordenamiento jurídico.
«Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo», subrayó Mariano Rajoy, quien advirtió también de que, si se liquida la ley, se liquidan «las normas de convivencia».
Antes de la aprobación del recurso del gobierno será necesario pedir un informe al Consejo de Estado, órgano consultivo estatal, según Mariano Rajoy, quien agregó: «el proceso de ruptura (de Cataluña) no va a llegar a parte alguna. España no se va a romper».
EFE/Foto: elconfidencial.com
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