La Cámara de Comercio de Lima (CCL) respaldó la decisión del Ejecutivo de modificar, mediante un proyecto de ley, el Decreto de Urgencia 003, para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión pública, así como la empleabilidad y la movilización de recursos.
El presidente de la CCL, Mario Mongilardi, (foto), manifestó: «Saludamos la decisión de la ministra de Economía y Finanzas (Claudia Cooper) por haber escuchado al sector privado. Es el momento oportuno de reconocer los errores y hacer estas modificaciones que serán necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos»,
«De esta manera se evita que se pierdan los puestos de trabajo y que se rompa la cadena de pagos al no perderse el aporte de los proveedores», agregó.
La CCL exhortó al Ejecutivo a modificar dicho decreto a fin de evitar un daño irreparable a la economía, pues su aplicación paraliza las transferencias de las empresas vinculadas al caso Lava Jato, que se traduce en la pérdida de 50,000 a 80,000 puestos de trabajo formales, e inversiones estimadas en 30,000 millones de soles.
El dirigente empresarial enfatizó «que tienen que ser penalizados las personas involucradas en los actos de corrupción, porque ellos son los delincuentes, mas no deben ser castigadas las empresas llevándolas a la quiebra».
En ese sentido, Mongilardi advirtió que, de no superarse este tema, a lo que se suma la incertidumbre política, podría restarle a la economía peruana un punto y medio del PBI, cerrando el año en 2.5% y no en 3.9% como había proyectado la Cámara de Comercio de Lima para este 2018.
«Crecer a menos de 4% no permite reducir la pobreza y generar más empleos en el país. Eso tiene que quedar claro», manifestó.
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