Cerca de 33.000 casos por corrupción se investigan en Perú, de los cuales el 36 % están referidos al delito de peculado y sólo 1.284 casos han terminado en sentencia en 2016, según informó hoy la Defensoría del Pueblo en su primer reporte sobre La corrupción en el Perú.
«Si hay algo eficiente en el Perú es la corrupción», expresó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al analizar el impacto de la corrupción en el Estado peruano, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.
Gutiérrez dijo que la corrupción genera una pérdida de 12.000 millones de soles anuales (3.680 millones de dólares) en Perú, un monto que podría servir para alimentar a 1,3 millones de habitantes pobres durante tres años.
El reporte de la Defensoría señaló que la empresa brasileña Odebrecht está siendo investigada en 27 casos de corrupción en las regiones de Lima, Cusco, Ancash, Callao, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios y Piura.
Más del 48 % de casos contra Odebrecht están en investigación preliminar y los delitos atribuidos a sus responsables son colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio, entre otros.
Los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) son investigados por lavado de activos por haber presuntamente recibido de Odebrecht aportes de 20 millones de dólares, en el caso del primero, y de tres millones de dólares, en el segundo.
El exmandatario Alan García, que gobernó entre 2006 y 2011, ha deslindado de sus exfuncionarios denunciados por haber recibido un soborno durante el proceso de adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.
En el caso de Toledo, sobre quien pesa una orden de detención en Estados Unidos, Gutiérrez indicó que le preocupa la mirada que ha tenido la Fiscalía porque sólo lo investiga por dos delitos, lavado de activos y tráfico de influencias, y aparentemente se dejó de lado la existencia de un aparato creado para delinquir.
Sobre el tráfico de influencias, Gutiérrez indicó que «para Estados Unidos es un delito discutible porque puede ser aparejado a un lobby».
En ese sentido, afirmó que «el camino que ha seguido (la fiscalía) es el más complicado para lograr su (eventual) extradición».
El defensor del Pueblo declaró que «el sistema anticorrupción diseñado por el Estado no ha funcionado» porque «la corrupción ha tenido la capacidad para dar leyes, ha podido ingresar en el Estado y ha podido salir con impunidad».
Al identificar los principales problemas que ha tenido el sistema de adminitración de justicia en Perú, Gutiérrez señaló que «el país y las instituciones no tienen claro a qué nos enfrentamos. No estamos hablando de delincuentes y delitos individuales, estamos hablando de una organización».
«Es clarísimo para la Defensoría que esto tiene otro calado, otro volúmen, estas son organizaciones que desde el Estado y fuera del Estado, han tenido la capacidad para realizar actos administrativos, dar decretos, dar leyes, y para preveer que se puede salir con cierta impunidad», explicó.
Entre sus propuestas, la Defensoría del Pueblo ha planteado un proyecto de ley para que deje de ser confidencial la información financiera de las Asociaciones Públicas Privadas (APP), como lo es ahora, pues esa condición «conspira contra la lucha anticorrupción», afirmó.
EFE/Foto: diariosinfronteras.pe