Chile: Amplían fiscalización a compras públicas por fraude al Ejército

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SANTIAGO DE CHILE.- El ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez (foto), afirmó hoy que el Gobierno ampliará los mecanismos de fiscalización a las compras con dineros públicos, con el fin de «llevar adelante procesos transparentes», a raíz de la investigación de un presunto fraude al interior del Ejército.

«Vamos a salir adelante con la verdad, con transparencia, con la entrega de los antecedentes y con controles que tenemos que establecer hacia el futuro», señaló a los periodistas el ministro Gómez.

Asimismo, anunció que a partir del segundo semestre se empezarían a discutir las modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, normativa que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de la minera estatal Codelco para comprar armas y equipamiento.

Consultado por los controles del ministerio durante la gestión del excomandante en jefe de la institución Juan Miguel Fuente-Alba, acusado de enriquecimiento ilícito, la autoridad aclaró que desde que se presentó la denuncia de fraude al Ejército «se empezaron a tomar medidas de control distintas a las cuales ya existían» y que «se están solicitando los antecedentes del caso».

Tras encabezar una junta ordinaria con los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el ministro José Antonio Gómez enfatizó que se han establecido todo tipo de controles y auditorías para poder entregar a la fiscalía la mayor cantidad de información posible.

Además, hizo un llamado a no crucificar a las Fuerzas Armadas, a raíz de los hechos que se están investigando, ya que existen «soldados, sargentos, cabos, tenientes, capitanes y generales que están hoy trabajando abierta y honestamente por el país».

La Justicia chilena investiga desde hace algunos meses una gran operación de desvío de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Se indaga el desfalco de al menos cinco millones de dólares de las arcas públicas procedentes de la Ley Reservada del Cobre, que será modificada para ser «más transparente y con mayores fiscalizaciones».

 

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