SANTIAGO DE CHILE.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmo hoy y envió al Congreso dos nuevos proyectos de su agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política, tendentes a combatir la corrupción que ha irrumpido en la política chilena.
Se trata de un proyecto que regula los conflictos de interés y de otro que establece normas y sanciones para la corrupción y el cohecho, según destacó la mandataria durante el acto de firma, en el Palacio de la Moneda.
Las iniciativas se suman a un proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y a varias indicaciones a una propuesta que establece la Comisión de Valores y Seguros, que Bachelet envió al Legislativo el 12 de junio.
«No voy a esconder bajo la alfombra las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido», aseguró la mandataria chilena, cuya familia ha sido salpicada a causa de un millonario negocio inmobiliario en el que está implicado su hijo, Sebastián Dávalos, que es investigado por la Justicia.
«Frente a cada caso los juicios corresponden a los tribunales. A los involucrados les corresponde asumir su responsabilidad y a las instituciones, incluido el gobierno, colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos», subrayó Bachelet.
Pero añadió que «hoy debemos ser capaces de ir más allá de la contingencia, porque el futuro de nuestra democracia, de nuestra convivencia y de nuestra economía así lo demanda».
La Justicia chilena también indaga la financiación irregular de campañas políticas por parte de grandes empresas, que simulaban sus donaciones con pagos de honorarios a candidatos o dirigentes de todos los sectores.
Dichos honorarios eran justificados con falsas boletas de servicios que, además, eran utilizadas por las empresas para rebajar impuestos.
Según Bachelet, con los proyectos firmados hoy, «apuntamos a perfeccionar el funcionamiento de la política y de los negocios, y a delimitar claramente las relaciones entre estos ámbitos. Apuntamos al fortalecimiento de la fe pública, y de la confianza en nuestras instituciones».
El proyecto sobre conflictos de interés determina cuándo hay incompatibilidades para que alguien ingrese al servicio público y establece en qué casos las autoridades deben abstenerse de participar en una decisión, explicó la mandataria.
También protege a quienes denuncian conductas impropias y regula las actividades que una persona puede o no ejercer una vez que ha cesado en el cargo, añadió.
Precisó que un funcionario «no sólo deberá abstenerse cuando se trata de interés propio, sino también de su cónyuge, conviviente civil o parientes».
En el caso de los parlamentarios, se establece la prohibición de intervenir cuando haya conflicto de interés, que se extenderá a su participación en los debates.
Sobre la corrupción y el cohecho, Bachelet subrayó que son conductas que no se dan solamente en el ámbito público, pues «afectan nuestra confianza en las relaciones comerciales y en el funcionamiento de los mercados».
En ese contexto, anunció que el tráfico de influencias dejará de aplicarse sólo a funcionarios públicos, sino que afectará también a particulares, puntualizando que además la iniciativa establece un aumento de las penas por delitos de cohecho y soborno.
Se establece además el delito de corrupción entre particulares, castigando a las autoridades de una empresa que soliciten o acepten un beneficio económico para su provecho o el de una tercera persona, dijo Bachelet.