Los desiertos avanzan en Chile casi un kilómetro por año, afectando ya a un 62% del territorio, y de no frenarse la explotación intensiva de los recursos tendrá efectos devastadores en la población y la economía, dijo la coordinadora de campañas de la organización ambientalista Greenpeace en ese país, Estefanía González.
El fenómeno «afecta principalmente a las zonas en las que se encuentra la mayor cantidad de la población, los últimos estudios que se hicieron en 190 comunas (municipios) concluyeron que 93% de estas estaban afectadas por la desertificación», añadió la activista.
Greenpeace define la desertificación como la pérdida y degradación del suelo producto del cambio climático o de actividades humanas que sobreexplotan los recursos de los ecosistemas y no le dan tiempo a repararse naturalmente.
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«Esto tiene consecuencias económicas: por ejemplo, la producción agrícola en los últimos años se ha reducido 32% debido a la desertificación», especificó González.
Entre los factores naturales de este fenómeno destaca la severa sequía que sufre el país, según la activista, quien indicó que antes la escasez de lluvia se producía cada 10 años, y ahora es cada dos.
«Por eso ahora estamos con una fuerte campaña de protección de glaciares, porque entendemos que en este escenario de desertificación, una de las pocas respuestas que nos quedan, y una de las pocas seguridades que tenemos en términos hídricos, son los glaciares», afirmó.
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El periodo entre enero y junio de 2015 ha sido el más seco en los últimos 50 años de Chile, según datos de la Dirección Meteorológica.
Greenpeace también señala como causante del fenómeno la actividad intensiva de las grandes industrias y de la agricultura.
«En la zona central del país, los monocultivos en las laderas del cerro han causado un aumento impresionante de la desertificación, porque la forma de cultivar se hace a favor de la pendiente, lo que provoca que, cuando se riega, que se vaya perdiendo el suelo», dijo González.
En 2008 se aprobó la Ley de Bosque Nativo, para proteger, recuperar y mejorar las zonas forestales del país, pero según González estas normas tienen una letra chica que excluye controles en casos de grandes proyectos mineros e hidroléctricos.
El Congreso chileno realizó en 2012 un estudio sobre este problema, y concluyó que en el país había 1,5 millones de personas afectadas por la desertificación, un cuarto de éstas en Santiago, y señaló que el fenómeno provocaba una migración anual del 3% de la población.
El estudio también indica que por cada 1% de pérdida de capacidad productiva del territorio el país pierde unos 120 millones de dólares en su Producto Bruto Interno.