SANTIAGO DE CHILE.- Un juez chileno condenó hoy a 10 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, por el secuestro y desaparición de Bernardo Araya Zuleta, exdiputado del Partido Comunista, y su esposa, María Flores Barraza, en 1976, durante la dictadura.
En la resolución, el juez Miguel Vázquez Plaza determinó penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, para Manuel Contreras (foto), que ya suma más de 500 años, y para Pedro Espinoza y Ricardo Lawrence.
En tanto, los exagentes Eduardo Cabezas, Jorge Díaz y Pedro Bitterlich tendrán penas en calidad de autores de 10 años y un día de presidio, y Orlando Altamirano, Orlando Torrejón, Clara Barros y Guillermo Díaz fueron condenados a 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.
El juez especial para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, también determinó que en el aspecto civil el Estado deberá pagar una indemnización total de 790.000.000 pesos chilenos (unos 1,2 millones de dólares) a familiares de las víctimas.
Según los antecedentes de la investigación, los exagentes de la DINA detuvieron a Bernardo Araya y María Flores, que en esa época tenían 64 y 60 años respectivamente, en la comuna de Quinteros, a 169 kilómetros al noroeste de Santiago, junto a sus 3 nietos y al hermano de Flores, quienes posteriormente fueron liberados en la vía pública.
Luego, de acuerdo con el informe, el matrimonio fue trasladado a un recinto en Santiago que era utilizado para planificar la detención de miembros del Partido Comunista, en el cual había un organigrama de dicho conglomerado y que además era usado como lugar clandestino de detención, desconociéndose desde esa época su paradero.
Con este fallo, Contreras encadena 59 sentencias firmes que suman un total de 518 años de cárcel, aunque la cifra podría aumentar porque se espera que el alto tribunal confirme las decisiones judiciales de otros seis casos.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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