SANTIAGO DE CHILE.- Asociaciones a favor de los derechos humanos y parlamentarios de la oposición chilena protestaron hoy en la puerta de los tribunales de justicia, en Santiago, contra la excarcelación hace dos semanas de siete represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Una nueva movilización que se suma a las realizadas la semana pasada en repudio a la decisión de la Corte Suprema de Chile de otorgar libertad a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
Los manifestantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) portaron, como en anteriores ocasiones, carteles con las fotografías de sus familiares desaparecidos o asesinados por exagentes de la dictadura.
Justo a ellos, en esta ocasión estuvieron varios legisladores apoyando su reclamo, entre ellos el diputado Tucapel Jiménez, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), hijo de un sindicalista asesinado por exagentes de la dictadura en febrero de 1982.
«(Estamos) para criticar la libertad que se otorgó a los condenados de Punta Peuco que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no cumplieron los más mínimos requisitos de arrepentimiento y colaboración con la justicia», explicó a Efe Jiménez.
De esos siete excarcelados, los primeros cinco beneficiados con el fallo -Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga- fueron condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973, son los dos últimos liberados.
«Vamos a seguir toda esta semana y los días que haya que seguir para que no haya impunidad y para que haya verdad, justicia y reparación», destacó Jiménez.
Además, el diputado del PPD también aclaró que esa reparación «no solamente tiene que ver con dinero, como la gente cree, sino que tiene que ver con una condena justa de acuerdo al daño causado».
También criticó la actuación del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, nombrado el jueves y que hoy dimitió tras salir a la luz unas polémicas declaraciones de 2015 sobre el Museo de la Memoria, en las que afirmó que era «un montaje».
«Hoy en día se ha sumado un nuevo caso que ha hecho el ministro de Cultura denegando o tratando de montaje al Museo de la Memoria, como desconociendo la historia que vivió este país y los horrores que vivió durante 17 años», dijo Jiménez.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó este lunes la renuncia de Rojas y nombró a la arqueóloga Consuelo Valdés.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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