SANTIAGO DE CHILE.- Tras la reciente aprobación de la ley del aborto, Chile dio hoy un nuevo paso en el avance hacia los derechos sociales con el envío al Parlamento de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que, entre otros aspectos, contempla adopción homoparental.
La presidenta Michelle Bachelet envió hoy al Congreso este proyecto de ley, que representa uno de los compromisos del programa político con el que volvió al poder en marzo del 2014.
Chile, el penúltimo país del hemisferio occidental que legalizó el divorcio, en el 2004, y el 109 en el mundo en abolir la pena de muerte, el 2001, se puede convertir así en uno de los pioneros en Latinoamérica en reconocer ese derecho a las minorías sexuales.
Con el proyecto de ley de matrimonio igualitario, el Gobierno hace realidad la «solución amistosa» acordada el año pasado con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El Movilh, la principal organización de promoción y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), había demandado al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Una vez que el Ejecutivo ha cumplido con su parte del acuerdo, la preocupación de las organizaciones sociales se centra ahora en la voluntad del Parlamento para aprobar la iniciativa antes de que concluya esta legislatura.
Representantes de fuerzas políticas conservadoras y de centro ya han mostrado su inquietud por un asunto que consideran «complejo» y que, según el presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, enfrentará «posiciones absolutamente contradictorias».
El proyecto de ley, que ha sido largamente esperado por la comunidad LGBTI y apoyado por una amplia base social, regula la adopción por parte de parejas del mismo sexo y elimina la homosexualidad como causa de divorcio, entre otros avances.
El Gobierno de Bachelet ya había otorgado en el 2015 a las parejas homosexuales el derecho de suscribir el Acuerdo de Unión Civil, que, a pesar de representar un avance, fue cuestionado por la comunidad LGBTI, por considerar que no protege a la familia de la misma forma que el matrimonio.
«Nuestra aspiración es que las parejas del mismo sexo y, en especial, sus hijos, dejen de padecer los abusos y arbitrariedades que hoy los afectan», detalló este lunes el Movilh, al hacer un llamado a las autoridades para que «respeten» los acuerdos con la CorteIDH.
La Fundación Iguales, que también promueve los derechos de las minorías sexuales, celebró la elaboración del proyecto de ley como un «momento histórico» que «marca un punto de no retorno en materia de igualdad».
Iguales exigió a los candidatos presidenciales que se pronuncien respecto de la «discusión democrática» del proyecto, que de no aprobarse de aquí a fin de año tendrá que ser votado por un nuevo Parlamento, previsiblemente, con menos peso de las fuerzas progresistas, según las encuestas.
Las reformas vinculadas al reconocimiento de la diversidad sexual son uno de los pilares del programa de Gobierno de Michelle Bachelet, quien entregará la Presidencia el 11 de marzo del próximo año.
Los avances sociales en Chile han tenido un referente reciente con la aprobación, tras un arduo debate, de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
La regulación del aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y riesgo de muerte de la mujer, que recibió hace unos días el espaldarazo del Tribunal Constitucional, será promulgada en breve.
La presidenta Bachelet también tiene previsto enviar el proyecto de una nueva Constitución a comienzos de octubre, para reemplazar así al actual texto, emanado de la dictadura militar, aunque reformado en varias ocasiones.
Dado que el proyecto de ley de una nueva Carta Magna estará listo para dentro de mes y medio, su discusión en el Congreso tendrá lugar en la próxima legislatura, ya que en noviembre próximo se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias.
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